Las sanciones petroleras de Estados Unidos contrael régimen de Nicolás Maduro entraron en vigor este domingo, en un momento en que se agudiza la crisis en Venezuela.
Las restricciones a la compra de crudo de la empresa estatal Petróleos de Venezuela, Pdvsa, forman parte de una serie de sanciones que Estados Unidos ha impuesto y que afectan a Maduro, pero también a instituciones políticas y financieras, en el contexto de su campaña de apoyo a Juan Guaidó, presidente interino del país.
El viernes, el gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, prosiguió con su estrategia y anunció sanciones conta Jorge Arreaza.
Ambos países rompieron relaciones diplomáticas después de que Estados Unidos reconociera a Guaidó por considerar que el segundo mandato de Maduro, que comenzó el 10 de enero, es ilegítimo.
El sábado, Guaidó advirtió a los militares que la espera para recibir su apoyo «no puede ser eterna», mientras que Diosdado Cabello celebraba con un mitin la llegada del plazo para la salida del país de la Organización de Estados Americanos, después de que Caracas anunciara su retiro.
Actualmente, el enfrentamiento entre los dos países se juega incluso en territorio estadounidense, con la controversia sobre quién debe ocupar la Embajada de Venezuela en Washington, actualmente tomada por activistas favorables a Maduro.
«El 28 marca la entrada en vigencia de las sanciones; sin embargo, desde que fueron anunciadas, la realidad es que el comercio petrolero entre Estados Unidos y Venezuela ha estado absolutamente limitado, ha caído bruscamente», explicó a la AFP Mariano de Alba, experto en derecho internacional, en Washington.
Antes de las sanciones anunciadas en enero, Venezuela exportaba 500.000 barriles de petróleo ultrapesado a Estados Unidos, donde operaba Citgo, una filial de Pdvsa cuyas cuentas quedaron bloqueadas para entregarle el mando de sus finanzas a Guaidó.
En busca de nuevos compradores
El petróleo es el principal producto económico de Venezuela, país al que le aporta 96% de los ingresos.
Con la caída de producción, los ingresos descienden en un momento en que el país atraviesa una crisis sin precedentes, con una hiperinflación prevista por el FMI de 10.000.000% en el año 2019 y una escasez de bienes básicos que ha provocado la migración de más de 3 millones de personas desde 2015, según la ONU.
Una consecuencia clave de las sanciones es que Caracas tiene que encontrar quién le provea diluyentes para refinar su petróleo, lo que aumenta sus costos de producción.
La consultora Rapidan Energy Group, basada en Estados Unidos, calcula en un informe que la producción de Pdvsa podría perder temporalmente unos 200.000 barriles por día. El bombeo, que era de 3,2 millones de barriles diarios en el año 2008, bajó a 840.000 en marzo pasado.
Para eludir la sanción de Estados Unidos, el gobierno venezolano se ha volcado hacia India, China y Rusia, aunque las inminentes penalizaciones han ahuyentado a muchas empresas indias.
Un castigo colectivo
«Las sanciones han inflingido, y cada vez inflingen más, daños muy serios a la vida humana y a la salud, incluido un cálculo de 40.000 muertes entre 2017 y 2018», determinaron Mark Weisbrot y Jeffrey Sachs, en un estudio publicado esta semana por el centro de estudios progresista CEPR, con sede en Washington.
Para estos expertos, que pronostican una caída de los ingresos procedentes del petróleo de 67% en 2019, las sanciones entran en la definición de un «castigo colectivo contra la población civil».
Según la ONU, 7 millones de venezolanos (24% de la población) tienen necesidades prioritarias urgentes de asistencia y protección, mientras que 22% de los menores de 5 años de edad sufren desnutrición crónica.