La Embajada de Estados Unidos en Managua anunció este viernes la revocación de visas a más funcionarios y otros individuos involucrados en la represión de las manifestaciones y las violaciones de los derechos humanos en Nicaragua.
«Este día, el Departamento de Estado revocó visas de otros individuos responsables de abusos contra los Derechos Humanos y/o por socavar la democracia en Nicaragua», indicó Laura Dogu, embajadora estadounidense, en una declaración pública.
La diplomática agregó que mientras el gobierno nicaragüense siga usando violencia para reprimir protestas pacíficas, seguirán revocando visas de los responsables.
El pasado 7 de junio, la Administración del presiente Donald Trump decidió restringir los visados a los individuos responsables de abusos de derechos humanos y culpables de socavar la democracia nicaragüense.
En esa ocasión los afectados por estas restricciones fueron funcionarios de la Policía Nacional, de gobiernos municipales y del Ministerio de Salud, especialmente los que dirigen o supervisan la violencia contra quienes ejercen su derecho a la libertad de expresión.
Ni en ese comunicado, ni en el de ahora Estados Unidos ha precisado el número total de personas sancionadas bajo esta medida ni los ha identificado.
Washington atribuye a las normas de confidencialidad el hecho de que no identifique públicamente a los implicados.
Un grupo de legisladores estadounidenses ha pedido a Trump que sancionase en concreto a dos funcionarios nicaragüenses, Francisco Díaz, jefe de la Policía de Nicaragua, y Francisco López, tesorero del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), ambos muy próximos al presidente, Daniel Ortega, por su responsabilidad en la represión de las protestas antigubernamentales.
Ayer, la embajada estadounidense confirmó que solicitó a la Policía de Nicaragua la devolución o el pago de los vehículos que donó EE.UU. a la institución al considerar que están siendo utilizados para reprimir al pueblo en el marco de las protestas que han causado 285 muertos en el país.
La Policía de Nicaragua negó que hayan usado esos vehículos para reprimir las manifestaciones y transportar a fuerzas irregulares.
Nicaragua cumplió este jueves 72 días desde que se inició la crisis sociopolítica más sangrienta desde la década de 1980, con Daniel Ortega también como presidente, y que ha acabado con la vida de al menos 285 personas, según cifras de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos.
Las protestas contra el Gobierno comenzaron por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide la renuncia del mandatario, tras 11 años consecutivos en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción en su contra.