Estados Unidos (EE UU) aplaudió este viernes las medidas tomadas por el gobierno de Panamá sobre Venezuela por su «enérgica defensa de la democracia y los derechos humanos», después de que el país centroamericano aumentara la supervisión financiera sobre 55 venezolanos, entre ellos el presidente Nicolás Maduro, y 16 entidades del país.
En un comunicado, la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert, congratuló al Gobierno panameño por promover, con estas medidas, la estabilidad en la región y la democracia del país caribeño.
«Aplaudimos el anuncio de Panamá del 27 de marzo en el que reforzará la supervisión financiera a 55 venezolanos y 16 entidades venezolanas, y respaldará otros esfuerzos en la región para combatir el abuso de los sistemas financieros por parte de los actores corruptos», dijo la portavoz.
EE UU instó a otros países en el hemisferio a imitar las medidas de Panamá y apoyar al pueblo venezolano y «su derecho a que se escuche su voz en elecciones libres, justas y transparentes».
Además, el gobierno de Panamá decidió este jueves retirar a su embajador en Venezuela, Miguel Mejía, y pidió a Caracas hacer lo mismo con su representante diplomático en el país, Jorge Durán, en respuesta a la «represalia» venezolana de suspender las relaciones económicas con altos funcionarios y empresas panameñas.
Panamá publicó la semana pasada una lista de 55 ciudadanos venezolanos políticamente expuestos, entre ellos Maduro, y 16 empresas, que pueden suponer un «alto riesgo en materia de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva».
La resolución que contiene la lista, emitida por la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales de Panamá, indica que «se establece y recomienda a los sujetos obligados financieros y a los sujetos obligados no financieros a que adopten las políticas y procedimientos de debida diligencia ampliada, reforzada».
Ello, frente a cualquier «hecho, transacción u operación que se haya realizado, incluyendo tentativas de realizar» que se sospeche puedan estar relacionadas «directa o indirectamente» con las personas naturales y jurídicas incluidas en la lista.
Ante esa decisión, el gobierno de Maduro suspendió por 90 días prorrogables las relaciones económicas con un grupo de funcionarios panameños, incluyendo al presidente Juan Carlos Varela y a la vicepresidenta y canciller, Isabel De Saint Malo, así como con 46 empresas del país centroamericano, lo que provocó finalmente la retirada de Mejía de Caracas.
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