El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso este miércoles 30 de diciembre sanciones contra una jueza y un fiscal del régimen de Nicolás Maduro en el juicio contra seis exejecutivos de la empresa Citgo Petroleum Corporation, filial de la estatal Petróleos de Venezuela en el país norteamericano.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro designó, de conformidad con la Orden Ejecutiva (EO) 13692, a la jueza Lorena Carolina Cornielles Ruiz, que presidió el proceso en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), y al fiscal Ramón Antonio Torres Espinoza.
Todas las propiedades de Cornielles Ruiz y de Torres Espinoza que se encuentren en Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses serán bloqueadas y y se prohíbe a los estadounidenses efectuar transacciones con ellos.
También se bloquea cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, del 50% o más de las personas designadas.
«Estados Unidos mantiene su compromiso»
Los juicios de cada uno de los ejecutivos se basaron en acusaciones de motivación política y se vieron empañados por la falta de garantías procesales, dijo el Tesoro en el comunicado.
“La detención y sentencia injustas de estas seis personas estadounidenses demuestra aún más cómo la corrupción y el abuso de poder están profundamente arraigados en las instituciones de Venezuela”, expresó el secretario del Tesoro, Steven T. Mnuchin.
«Estados Unidos mantiene su compromiso de proteger a sus ciudadanos y atacar a quienes contribuyen a la usurpación del poder del régimen ilegítimo de Maduro en Venezuela», agregó.
Cornielles Ruiz es jueza de la Dirección Ejecutiva de la Corte Suprema de Venezuela alineada con Maduro que presidió el juicio de exdirectivos de Citgo.
Mientras que Torres Espinoza fue el fiscal principal que representó al régimen de Maduro durante el juicio de los seis de Citgo.
El TSJ del régimen condenó a finales de noviembre a 13 años y siete meses de prisión al expresidente de Citgo José Ángel Pereira Ruimwyk, por «peculado doloso propio y concierto de funcionario con contratista», así como por «delito de asociación para delinquir».
Además, condenó a ocho años y 10 meses a otros cinco directivos de esa empresa -Tomeu Vadell Recalde, Jorge Luis Toledo Kohury, Gustavo Adolfo Cárdenas Cardona, José Luis Zambrano Colina y Alirio José Zambrano Colina- por «concierto de funcionario con contratista y asociación para delinquir».
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