Estados Unidos anunció este viernes restricciones de visado que afectan a 50 familiares tanto de legisladores sandinistas como de fiscales y jueces de Nicaragua, que supuestamente han contribuido a impedir la celebración de unas elecciones libres en noviembre.
Las sanciones son una represalia por la detención en Nicaragua de 32 líderes y dirigentes opositores, entre ellos siete aspirantes a la Presidencia, desde el 28 de mayo pasado, en el marco del proceso electoral, explicó el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, en un comunicado.
«(El presidente nicaragüense, Daniel) Ortega y (su esposa, la vicepresidenta Rosario) Murillo han demostrado otra vez esta semana que les da miedo competir en unas elecciones contra cualquiera que sientan que podría conseguir el apoyo del pueblo de Nicaragua», dijo Price.
El portavoz se refería a la detención esta semana de Berenice Quezada, una exreina de belleza de Nicaragua de 27 años que aspiraba a la Vicepresidencia por la opositora Alianza Ciudadanos por la Libertad, y de la que Price destacó su «valentía».
Recordó que, el pasado 12 de julio, el Departamento de Estado ya prohibió la entrada en Estados Unidos de 100 miembros de la Asamblea Nacional de Nicaragua, así como a fiscales y jueces nicaragüenses, por «facilitar los asaltos del régimen a la democracia y los derechos humanos».
Las sanciones impuestas este viernes buscan reforzar el impacto de esas medidas, y afectan a 50 «familiares inmediatos de funcionarios afiliados al régimen», explicó Price.
Esos funcionarios oficialistas «han contribuido directamente a medidas adoptadas por el Gobierno de Nicaragua que no cumplen las condiciones para unas elecciones transparentes, libres y justas», añadió.
Todos los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) se han «comprometido» a cumplir ese tipo de condiciones «bajo la Carta Democrática Interamericana», recordó el portavoz.
El gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, seguirá tomando medidas «diplomáticas y económicas» para que rindan cuentas «quienes facilitan la represión de Ortega y Murillo», advirtió.
El Departamento de Estado no proporcionó una lista de los funcionarios afectados por las sanciones, y en julio, un portavoz dijo a Efe que no podía identificar a quienes habían perdido su visado estadounidense porque los datos sobre esos documentos son confidenciales, según la ley de Estados Unidos.
El anuncio de sanciones llegó poco después de que el Senado de Estados Unidos aprobara el proyecto de ley «RENACER», apoyado por demócratas y republicanos, para promover unas elecciones «libres y justas» en Nicaragua el próximo 7 de noviembre.
Ese proyecto de ley amplía la supervisión de los préstamos de las instituciones financieras internacionales a Nicaragua, aboga por que Estados Unidos imponga sanciones coordinadas a responsables nicaragüenses junto al Gobierno de Canadá y la Unión Europea.
La iniciativa sirve, además, para agregar a Nicaragua a la lista de países centroamericanos sujetos a restricciones de visados estadounidenses relacionadas con la corrupción y exige el acceso a informes clasificados sobre supuestas actividades corruptas perpetradas por el Ejecutivo de Ortega y su familia.
Otros puntos de la propuesta están centrados en los lazos entre Moscú y Managua, por lo que se solicitan documentos sobre las ventas militares rusas al país y una revisión de posibles acciones que puedan ser sancionables, además de pedir que se revise la participación continua de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica.
Ortega, un exguerrillero septuagenario, busca su quinto mandato de cinco años, cuarto de forma consecutiva y segundo junto con su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, en las elecciones generales del 7 de noviembre.