Estados Unidos desplegará 1.500 militares más en la frontera con México que «no participarán directamente en actividades de mantenimiento del orden», ante un previsible aumento de migrantes cuando se levante la norma que permite bloquear a muchos de los que intentan entrar.
El 11 de mayo se levantará una polémica norma sanitaria conocida como Título 42, que permite bloquear o expulsar de inmediato a la inmensa mayoría de los migrantes que llegan a la frontera sin visa o documentación requerida para entrar.
Desde que esta norma entró en vigor con la supuesta intención de frenar la pandemia, las autoridades estadounidenses han impedido a migrantes solicitar asilo más de 2,7 millones de veces. Solo en marzo intentaron entrar más de 160.000.
El gobierno del demócrata Joe Biden, candidato a su reelección en las presidenciales de 2024, sabe que el levantamiento del Título 42 disparará probablemente el número de cruces fronterizos y se prepara para ello.
«Aumento anticipado en la migración»
«A petición del Departamento de Seguridad Nacional» (DHS), el secretario de Defensa, Lloyd Austin, «aprobó un aumento temporal (…) de 1.500 efectivos militares adicionales para complementar los esfuerzos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP)», afirmó el portavoz del Pentágono Pat Ryder en un comunicado.
El personal del Departamento de Defensa «ha apoyado a la CBP en la frontera durante casi dos décadas», de modo que «es una práctica común», matizó la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, en rueda de prensa diaria. Además llevarán a cabo «tareas administrativas», precisó.
Según el Pentágono, se ocuparán durante 90 días de labores como detección, monitoreo o ingreso de datos hasta que la CBP pueda encargarse contratando personal.
«El personal militar no participará directamente en las actividades de mantenimiento del orden», afirma Ryder.
En un comunicado el Departamento de Seguridad Nacional reconoce haber pedido ayuda «debido a un aumento anticipado en la migración», pero coincide en que el personal del Departamento de Defensa «no interactuará con migrantes u otras personas bajo custodia del DHS».
Batería de medidas
Consciente de que el tiempo se agota, el DHS intenta abordar el problema desde diversos frentes.
A finales de abril anunció varias medidas como la apertura de centros en Colombia y Guatemala para preseleccionar a los migrantes que podrán entrar en el país.
También promete «simplificar» los procesos de permiso de reunificación familiar para cubanos y haitianos y los extenderá a ciudadanos de El Salvador, Guatemala, Honduras y Colombia.
Seguirá vigente la aplicación CBP One para que los migrantes puedan agendar desde México una hora y lugar para presentarse en un puerto de entrada.
Y proseguirá asimismo la entrada de cupos de migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.
Pero Washington lleva meses advirtiendo que «la frontera no estará abierta» y aplicará el Título 8, que permite expulsar a todos los migrantes que no tengan una autorización para entrar y a diferencia del Título 42 les sancionará con una prohibición de reingreso de al menos cinco años si lo intentan de nuevo, así como con posibles procesos penales.
Acusan a Biden de no saber gestionar «el caos fronterizo»
Nada de esto sería necesario, insiste la Casa Blanca, si el Congreso «hiciera su trabajo», afirmó este martes Karine Jean-Pierre, en una crítica a los republicanos, opuestos a una reforma fronteriza y que acusan a Biden de no saber gestionar «el caos fronterizo».
Biden ha puesto fin a la construcción del muro que su predecesor, el republicano Donald Trump, quería levantar en la frontera con México, pero ha incumplido su promesa de reforma migratoria para abrir la vía a la ciudadanía a millones de migrantes y sobre todo a los «soñadores», los jóvenes que llegaron a Estados Unidos de niños.
Y es que el margen de maniobra de Biden es muy limitado desde el comienzo de su mandato y especialmente ahora, con el Congreso dividido: el Senado en poder de los demócratas y la Cámara de Representantes con ligera mayoría republicana.
Tampoco le ayuda que republicanos radicales gobiernen algunos estados y que la Corte Suprema sea claramente de corte conservador.