Ecuador, escenario de cruentas masacres carcelarias, reforzó este domingo la seguridad en sus prisiones tras un nuevo enfrentamiento entre reclusos en Guayaquil, sin que las autoridades hayan reportado víctimas, informó el organismo encargado de administrar las prisiones, SNAI.
«El SNAI en coordinación con Policía Nacional y Fuerzas Armadas activaron los protocolos de seguridad en todos los CPL (centros de privación de libertad) a nivel nacional», reportó el organismo a la prensa en su canal de difusión de Whatsapp.
De su lado el ministro del Interior, Juan Zapata, escribió en Twitter que «se encuentran operativos los protocolos para monitorear y ejecutar estrategias para el control, orden y seguridad de las personas privadas de la libertad».
La medida se tomó luego de que se reportaron enfrentamientos entre presos de la cárcel Guayas 1, ubicada en la costera ciudad de Guayaquil (suroeste), una de las más azotadas por la violencia y el narcotráfico.
En las afueras de ese centro carcelario, donde han ocurrido las peores matanzas en un contexto de rivalidad entre grupos criminales, se escuchaban disparos, constató un periodista de la AFP.
Desde febrero de 2021 se han producido al menos una decena de masacres carcelarias, en las que han muerto más de 420 reclusos en medio de sangrientos choques que dejan cuerpos decapitados e incinerados.
Familiares esperaban noticias de los reclusos, al tiempo que militares, policías y ambulancias rodeaban la cárcel Guayas 1. La víspera en esa penitenciaría el SNAI reportó tres presos con heridas leves por un enfrentamiento.
«Estoy desesperada aquí y quiero información y no tengo ninguna», dijo a la AFP una mujer cuyo hijo está preso y que pidió omitir su nombre.
Un reciente censo estableció que en las 36 cárceles de Ecuador, con capacidad para unas 30.000 personas, hay una población de 31.321 presos, incluidos 3.245 extranjeros. La mayoría están detenidos por narcotráfico.
Ecuador, ubicado en medio de Colombia y Perú, los principales productores mundiales de cocaína, ha decomisado 455 toneladas de drogas durante el gobierno del presidente Guillermo Lasso, iniciado en mayo de 2021. En 2021 se registró el récord anual de incautaciones de estupefacientes, unas 210 toneladas.