El gobierno de Ecuador ha solicitado a la Organización de Estados Americanos, OEA, que instale una sesión extraordinaria de su Consejo Permanente, para denunciar un presunto intento de alteración del orden democrático y de caos ocurrido en el país durante las protestas sociales.
Así lo anunció José Valencia, canciller ecuatoriano, en Twitter, al anticipar que la cita del organismo regional, con sede en Washington, se producirá el próximo martes.
«El 15 de octubre denunciaremos el intento de alterar el orden democrático en el país y el caos y violencia provocados por turbios intereses infiltrados en las manifestaciones», escribió Valencia.
Correa y Maduro
Lenín Moreno, presidente ecuatoriano, ha advertido en los últimos días que detrás de las protestas sociales se escudaban intentos para desestabilizar su administración.
Culpó directamente de ello a su antecesor, Rafael Correa (2007-2017), y al gobernante venezolano, Nicolás Maduro.
En ese sentido, Luis Almagro, secretario general de la OEA, rechazó el pasado martes «cualquier forma de interrupción» del mandato de Moreno.
El secretario general reaccionaba así a las peticiones del ex presidente Rafael Correa y de legisladores leales a él que promovían un adelanto electoral.
Almagro también hizo un «llamado al diálogo para que los actores políticos y sociales resuelvan sus diferencias por la vía pacífica. Con el máximo respeto al Estado de derecho democrático».
Recordó entonces que el gobierno de Ecuador tenía el deber de garantizar el derecho a la libertad de expresión y de protesta pacífica.
Aunque consideró «injustificable» que algunos actores conviertan esas garantías «en un derecho a la violencia, al saqueo y al vandalismo».
«Es totalmente inaceptable el secuestro de policías y militares. Así como el destrozo y saqueo de bienes públicos, el incendio de patrulleros y ataques a ambulancias», subrayó Almagro.
11 días de protestas
Ecuador soportó desde hace once días una ola de disturbios y protestas a raíz de la eliminación del subsidio a las gasolinas.
Una decisión que Moreno adoptó para incrementar los ingresos del Estado y, con ello, satisfacer las demandas del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Esta institución, así como otras internacionales, concedieron recientemente al país a una línea de crédito de más de 10.000 millones de dólares.
En las últimas horas, el gobierno de Moreno aplicó un «toque de queda» en Quito, con el ánimo de aplacar las generalizadas protestas.
Además, aceptó un diálogo directo con dirigentes de la poderosa Confederación de Nacionalidades Indígenas, la principal convocante a las protestas contra el «paquetazo» económico.
Se prevé que la tarde de este domingo se produzca el primer encuentro de diálogo, bajo el auspicio de Naciones Unidas y la Conferencia Episcopal Ecuatoriana.