El gobierno de Ecuador dijo ver en el proceso de diálogo que mantiene con el movimiento indígena un modelo a seguir por otros países de Latinoamérica, para que los poderes estatales se relacionen directamente con la sociedad civil, aunque los campesinos recordaron que aún no hay consensos en varios aspectos.
El ministro ecuatoriano de gobierno, Francisco Jiménez, señaló este martes que el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, conversó con su homólogo chileno, Gabriel Boric, sobre la metodología de estos diálogos.
En una conversación con periodistas, Jiménez destacó el llamado hecho en la víspera por Boric para estrechar la colaboración entre el sector público y privado, lo que a su criterio va en la misma línea del proceso emprendido en Ecuador con los colectivos sociales tras las duras protestas de junio, que paralizaron el país durante 18 días.
«El proceso en el país ha servido de referencia para que se inicien otros procesos en países hermanos del continente latinoamericano», afirmó Jiménez.
«Se están sentando las bases de todo un esquema nuevo de relacionamiento del poder con la sociedad civil. Que no solo será ponderado en el país sino también en otros escenarios como Chile», agregó.
En el mismo sentido se manifestó este martes en declaraciones a Efe el ministro de Energía y Minas, Xavier Vera, quien valoró el rol que está ejerciendo la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE) como mediadora de los diálogos, y lo consideró como un mecanismo «muy interesante».
«Esto es la demostración clara que, conversando y buscando acuerdos y coincidencias, se puede llegar rápidamente a soluciones», apuntó Vera.
Indígenas cautelosos
No obstante, desde las organizaciones indígenas sus portavoces se muestran todavía cautos sobre el proceso, pues aún queda un mes de trabajo por delante sin que los acuerdos sean significativos y satisfactorios para sus bases.
En una rueda de prensa brindada este mismo martes, el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, resaltó los asuntos pendientes como el control de precios de productos esenciales y los subsidios de combustibles para el transporte pesado.
El diálogo entre el gobierno de Ecuador y el movimiento indígena comenzó el pasado 13 de julio con un plazo de 90 días para abordar con mayor detalle en diez mesas temáticas el pliego de demandas de las organizaciones, que protestaron contra la carestía de la vida y las políticas económicas del Ejecutivo.
Hasta ahora, los principales acuerdos de las mesas de diálogo se han dado en condonación de deudas vencidas de hasta 3.000 dólares y en una moratoria de un año para la concesión de exploración y explotación de una quincena de bloques petroleros en la Amazonía.
También se ha acordado una moratoria para no otorgar nuevas concesiones mineras en territorios indígenas hasta que se apruebe la ley de consulta previa, libre e informada.
Las mesas de diálogo fueron establecidas como parte del acuerdo de paz suscrito por el gobierno y las organizaciones indígenas y campesinas, que aceptaron cesar las protestas después de que el Ejecutivo aceptase reducir el precio de los combustibles subsidiados (gasolina extra y diésel) en 15 centavos de dólar por galón (3,78 litros) y derogase un decreto que promovía la industria petrolera.
Las movilizaciones se produjeron entre el 13 y 30 de junio y dejaron un saldo de siete fallecidos, entre ellos seis manifestantes, según las organizaciones de derechos humanos; y un militar, además de al menos medio millar heridos entre protestantes, policías y militares.