El Consejo de la Judicatura de Ecuador nombró a siete nuevos jueces especializados en lucha contra la corrupción y el crimen organizado, en el marco del «conflicto armado interno» declarado por el gobierno contra 22 bandas criminales, principalmente dedicadas al narcotráfico, a las que declaró como grupos «terroristas».
Cuatro de ellos se incorporarán en la Unidad de Garantías Penales y tres conformarán un nuevo Tribunal, con sede en la provincia de Pichincha, cuya capital es Quito.
Con esta designación, realizada en un pleno extraordinario del Consejo de la Judicatura, Ecuador llega a los 23 administradores de justicia especializados en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado.
«Aportarán en el procesamiento de las causas que se iniciaron en los últimos días, por la aplicación del decreto ejecutivo 111, mediante el cual se declaró al Ecuador en estado de ‘conflicto interno armado», apuntó la Judicatura, el máximo órgano de gobierno de los magistrados ecuatorianos.
El gobierno del presidente Daniel Noboa declaró la semana pasada la «guerra interna» al crimen organizado tras una oleada de atentados y violencia atribuida a estas bandas que incluyó el secuestro y asesinato de policías, motines en varias cárceles con más de 200 rehenes, artefactos explosivos, vehículos incendiados y la toma de un canal de televisión parte de un grupo de 13 hombres armados.
La espiral de violencia se desató hace una semana, cuando Noboa se disponía a poner en práctica su Plan Fénix, con el objetivo de recuperar el control de las cárceles, muchas de ellas dominadas por las bandas del crimen organizado, donde han sido asesinados más de 450 presos desde 2020 en una serie de masacres carcelarias entre grupos rivales.
Esa violencia también se trasladó desde hace al menos cuatro años a las calles hasta hacer de Ecuador uno de los países más violentos del mundo, con una tasa de homicidios que rondó los 45 por cada 100.000 habitantes en 2023, la más alta desde que se tiene registro.
Aunque la tensión vivida la semana pasada en Ecuador bajó de intensidad, en el país hay una tensa calma por el temor de que reaparezcan las acciones violentas, mientras las fuerzas de seguridad patrullan las calles y mantienen operaciones en las cárceles en virtud del «estado de excepción» y «conflicto armado interno» en vigor.