Ecuador declaró el miércoles el estado de excepción para el sistema carcelario, en crisis por la sobrepoblación y la violencia entre bandas del narcotráfico, tras un amotinamiento que deja más de 100 presos muertos y 52 heridos.
La revuelta del martes en uno de los reclusorios del puerto de Guayaquil pasó a ser la más sangrienta del año en el país, donde ya se registraban unos 120 presos fallecidos.
En febrero se produjeron amotinamientos simultáneos en cuatro cárceles de tres ciudades ecuatorianas, en los que murieron 79 reclusos, entre ellos varios decapitados.
«Acabo de decretar el estado de excepción en todo el sistema carcelario a nivel nacional», indicó por Twitter el presidente Guillermo Lasso, agregando que encabezará en Guayaquil un comité de seguridad para controlar la «emergencia, garantizando los derechos humanos de todos los involucrados».
El estado de excepción faculta al Ejecutivo a suspender derechos civiles y el uso de la fuerza pública para restablecer la normalidad.
El gobierno de Lasso, quien asumió en mayo pasado, ya había declarado en emergencia al aparato penitenciario para poder movilizar recursos sin trámites burocráticos.
En el más reciente balance oficial, el órgano gubernamental a cargo de las prisiones (SNAI) señaló que «se confirman más de 100 #PPL (personas privadas de la libertad) fallecidas y 52 heridos».
Previamente había reportado 30 muertos y 52 heridos.
La entidad agregó por Twitter que la policía y la fiscalía «continúan levantado información» en la prisión, que permanece acordonada por militares, apoyados por una tanqueta.
«No sé nada de mi hijo»
La presencia de soldados en los exteriores de la prisión Guayas 1, que es parte de un gran complejo penitenciario en Guayaquil, la reforzaron a raíz de la reyerta con armas de fuego.
Policías a caballo también resguardaban los exteriores, donde decenas de personas buscaban información sobre el estado de sus familiares encarcelados.
«Queremos información porque no sabemos nada de nuestras familias, nuestros hijos, porque yo tengo mi hijo aquí, no sé nada de mi hijo», manifestó una mujer que no reveló su identidad.
Debido a la crisis penitenciaria, alimentada también por la insuficiencia de guardias, y que ha llevado a las autoridades a declarar al sistema en emergencia a partir de 2019, los militares apoyan desde hace meses el control exterior de las cárceles.
La fiscalía señaló que entre los heridos figuran dos policías y que «la lucha por ostentar el poder al interior de la Penitenciaría del Litoral y la intención de parte de las autoridades de trasladar a los cabecillas de organizaciones delictivas a otros centros penitenciarios del país, habrían sido los detonantes de los enfrentamientos», que dejaron varios presidiarios decapitados.
Con la intervención de la policía «se evitó que haya más muertes violentas», manifestó a su vez el general Fausto Buenaño, comandante policial en Guayaquil.
Los amotinados, que incluso tenían en su poder un fusil, «nos atacaron con armas largas, armas cortas», dijo.
Más de 200 presos muertos
Tras el cruento amotinamiento carcelario del martes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) volvió a condenar la violencia en las prisiones ecuatorianas.
«En 2021 serían más de 200 personas fallecidas, resultado de la violencia en penitenciarías. Se recuerda que los Estados tienen el deber jurídico de adoptar medidas que garanticen derechos a la vida, integridad personal y seguridad de personas bajo su custodia», expresó por Twitter.
La revuelta agrava la crisis penitenciaria en Ecuador causada por los choques por el poder entre bandas criminales vinculadas a los cárteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.
En Ecuador, con 17,7 millones de habitantes, la violencia ha pasado a ser permanente en sus 65 cárceles, en las que están 39.000 personas sobre una capacidad para 30.000.
«Viene una crisis carcelaria desde al año 2010, con un promedio de 25 homicidios por año, pero que se acelera significativamente a partir de 2017», dijo a la AFP el experto en seguridad y narcotráfico Fernando Carrión.
Según la Defensoría del Pueblo, en 2020 se registraron 103 asesinatos en las penitenciarías del país, en las que la corrupción facilita el ingreso de armamento y municiones.
La tercera parte de reclusos «proviene de organizaciones criminales explícitas vinculadas al narcotráfico» internacional, dijo Carrión, catedrático de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) de Quito.
Dos de las bandas que respaldan a cárteles mexicanos tienen unos 20.000 miembros, según informes policiales.
Ecuador incautó entre enero y agosto de 2021 unas 116 toneladas de droga, en su mayoría cocaína, frente al récord de 128 toneladas de todo 2020.
Ubicado entre Colombia y Perú, principales productores mundiales de cocaína, el país es utilizado como tránsito para el envío de droga a Estados Unidos y Europa.