Antonio Ecarri, representante del gobierno interno de Juan Guaidó en España, pidió este lunes a las autoridades españolas que reviertan la suspensión del canje de licencias de conducir venezolanas, rechazó la judicialización de los casos de supuesta falsificación y propuso pruebas prácticas para la homologación.
En rueda de prensa en Madrid, demandó que se anulen los antecedentes policiales de los venezolanos detenidos cuyas causa judiciales por supuesta falsificación quedaron archivadas 98% de las veces, sin ninguna sentencia condenatoria por ahora. Esto les perjudica a efectos legales migratorios, argumentó.
La documentación de afectados recibida por Ecarri indica que 1.300 venezolanos estarían siendo investigados por este motivo después de haber obtenido el carnet español, de los que 650 están o han estado en los tribunales.
Aseguró que es injusto que España deje el convenio de canje con Venezuela en suspenso desde este lunes, lo que achacó a errores del fallido régimen de Nicolás Maduro al expedir modelos diferentes de permiso de conducir. A veces sin aviso oficial y sin informar a otros países, según el representante del líder opositor venezolano Guaidó.
«Nos parece que se confunde falsificación con disparidad de formatos de carnet venezolanos», dijo.
Fuentes de la Dirección General de Tráfico de España confirmaron a EFE la suspensión del canje general de permisos entre Venezuela y España, salvo para conductores profesionales del país hispanoamericano residentes en España. La decisión se tomó debido a una investigación policial, de la que no dieron detalles.
En octubre del año pasado, la Policía española informó de la detención de 293 personas por usar permisos de conducir venezolanos falsos, que obtenían de grupos criminales ubicados en Venezuela, con los que contactaban por medio de las redes sociales, para obtener el carnet español.
En 2019, el gobierno español reactivó el convenio con Venezuela, pero no para los carnet en PDF (solo para los expedidos en origen en tarjeta de plástico), no admitidos por la legislación española, y que eran los «supuestamente vulnerables» a la falsificación, según Ecarri.
«No descartamos alguna falsificación -comentó-, pero minoritaria», e incidió en que España contrasta que el solicitante figure en los registros venezolanos como conductor autorizado.
Explicó que ha pedido reunirse con responsables del Ministerio español de Asuntos Exteriores. «Nos dijeron que iba a continuar el procedimiento», dijo, para las solicitudes de homologación ya presentadas, pero no se admitirían nuevas.
Subrayó que los venezolanos necesitan el canje por motivos laborales y reclamó que se agilicen los trámites para conseguir el permiso de trabajo.
También expuso el problema de 100 venezolanos llegados de terceros países a los que España denegó, aseguró, el asilo y la residencia por motivos humanitarios. Ecarri fue informado extraoficialmente, dijo, de que no habrá deportaciones.
Igualmente lamentó el gran retraso en la homologación de sanitarios venezolanos en España, unos 5.000, de los que la mitad aproximadamente están pendientes.
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