La justicia chilena decretó este viernes prisión preventiva para dos miembros pertenecientes al grupo Los Piratas, una facción de la banda trasnacional Tren de Aragua, vinculada con el asesinato en febrero pasado del exmilitar venezolano Ronald Ojeda.
«Uno de ellos participó en la sepultura del exteniente, en el ocultamiento del cuerpo, y el otro participó en un secuestro ocurrido el día 28 de febrero del año pasado y que afectó a un comerciante de aplicaciones en Santiago», señaló el fiscal a cargo del caso, Héctor Barros.
Según detalló el persecutor en unas declaraciones a la prensa local, ambos fueron imputados formalmente por el juez (formalización) por el delito de asociación criminal, pero al primero también se le atribuye un delito de secuestro con homicidio, mientras que al segundo, el de secuestro.
El Tren de Aragua, nacido en la prisión venezolana de Tocorón, se ha extendido por Colombia, Perú, Bolivia y Chile, donde las autoridades le acusan de cometer numerosos delitos como narcotráfico, extorsión, secuestros y homicidios.
Crimen de Ojeda
Disidente del gobierno de Nicolás Maduro y asilado político en Chile, Ojeda fue secuestrado el 21 de febrero de 2024 en su casa en Santiago y sus restos fueron hallados diez días después en una localidad periférica de la capital, sepultados debajo de un bloque de cemento.
Barros explicó que el lunes continuará la imputación formal de tres imputados más que están en el proceso de extradición –»dos en condiciones de liderazgo que se encuentran en Colombia y Estados Unidos, y el otro en condición de partícipe», precisó– y el martes seguirán otros 14 que también se encuentran detenidos.
La Fiscalía confirmó hace una semana que tres de los testigos de la investigación por el crimen de Ojeda apuntan a autoridades del gobierno venezolano y que, al menos uno de ellos, señala que el encargo y el pago «habría venido del señor Diosdado Cabello», actual ministro de Interior venezolano.
La tesis de la Fiscalía chilena, que desde el inicio de las investigaciones se basó en un «móvil político», es avalada también por el Gobierno de Gabriel Boric.
El gobierno de Venezuela solicitó el cierre de los dos consulados chilenos en el país «como consecuencia de la suspensión de las relaciones diplomáticas» entre Santiago y Caracas y evidenció la ruptura de los vínculos entre ambos países que, en la práctica, estaban rotos desde agosto, después de que el presidente chileno, Gabriel Boric, calificara de fraudulentas las elecciones del 28 de julio.
«No hemos tenido ninguna colaboración con el gobierno venezolano desde hace bastante tiempo», señaló Barros sobre las consecuencias que podrían tener en esta causa el deterioro de las relaciones. «En esta causa hay varios imputados que están escondidos en Venezuela y que no han sido detenidos y que están con orden de detención y con clave roja, pero no hemos tenido colaboración», cerró.
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