El presidente Donald Trump recurrió al privilegio de secreto de Estado para negarse a entregar a un juez federal información sobre la deportación de más de 200 migrantes venezolanos a El Salvador.
La negativa ocurre en medio de un intenso enfrentamiento entre la administración republicana y tribunales federales, especialmente mientras el juez de distrito James Boasberg evalúa si el gobierno violó su orden de suspender los vuelos de deportación, publicó la agencia de noticias The Associated Press.
Boasberg solicitó detalles sobre el aterrizaje de los aviones y la identidad de los migrantes deportados, pero el gobierno argumentó que divulgar esta información podría poner en riesgo las preocupaciones diplomáticas y de seguridad nacional.
La administración solicitó a un tribunal de apelaciones que levantara la orden de Boasberg y permitiera la continuación de las deportaciones, petición que dividió a los jueces.
Los nazis recibieron mejor trato que los venezolanos
La jueza Patricia Millett dijo que los nazis detenidos en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial recibieron mejor trato legal que los migrantes venezolanos deportados. El abogado del Departamento de Justicia, Drew Ensign, rechazó la analogía y defendió la posición del gobierno en cuanto a la necesidad de actuar bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798.
En este caso, el gobierno de Trump invocó por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial esa ley para deportar a migrantes sin la oportunidad de comparecer ante un juez. A los venezolanos deportados al país centroamericano los acusaron las autoridades de presuntamente pertenecer a la organización criminal Tren de Aragua.
Los abogados de los demandantes acusaron a la administración Trump de utilizar la norma para eludir los procedimientos migratorios establecidos y de actuar en secreto al no permitir que los migrantes pudieran impugnar su deportación antes del vuelo de los aviones. Según el abogado Lee Gelernt, la operación se llevó a cabo sin la debida transparencia, indicó AP.
El juez Boasberg, nominado por Barack Obama, defendió la necesidad de permitir que los migrantes impugnen su deportación, especialmente en casos en los que podrían estar siendo etiquetados erróneamente como miembros de pandillas. En su fallo subrayó el interés público en evitar deportaciones injustas, y que el gobierno cumpliera con la ley.
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