Tres directivos de la empresa tecnológica especializada en procesos electorales Smartmatic, incluido su presidente, Roger Piñate, de origen venezolano, fueron acusados formalmente en Florida de haber participado en un supuesto plan de soborno con vistas a obtener contratos para las elecciones filipinas de 2016.
Además de Roger Alejandro Piñate Martínez, de 49 años, Jorge Miguel Vásquez, de 62 años y ciudadano estadounidense, y Elie Moreno, de 44 años y con doble nacionalidad de Venezuela e Israel, un gran jurado federal del distrito judicial del sur de Florida acusó a Juan Andrés Donato Bautista, de 60 años, que era el presidente de la Comisión de Elecciones de Filipinas (Comelec) en 2016, según informó el Departamento de Justicia de EE UU.
Smartmatic, empresa de tecnología y ciberseguridad creada en el año 2000 y con sede central en Londres, ha prestado servicios a los organismos electorales de numerosos países como Venezuela, donde desde 2004 hasta 2017 proporcionó «un sistema de votación 100% automatizado y confiable», según su página web.
Entre los países que han usado su tecnología están México, Alemania, Canadá, Estados Unidos, Kenia, Brasil, Albania, Bélgica, Honduras, Reino Unido, Argentina, Estonia, El Salvador, Noruega, Italia, Filipinas, Uganda, Chile, Ecuador, Bolivia, Bulgaria y Haití.
Smartmatic tiene planteada en EE UU una demanda por 2.700 millones de dólares contra la cadena Fox por difamación, por presuntamente haber transmitido a sabiendas de que eran falsas informaciones en las que se vinculaba a la empresa con el supuesto fraude en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2020 que fue denunciado sin pruebas por el expresidente Donald Trump (2017-2021), ahora candidato a la Casa Blanca de nuevo.
Según un comunicado del Departamento de Justicia, entre 2015 y 2018 Piñate y Vásquez, junto con otras personas, fueron presuntamente responsables de que se pagara al menos un millón de dólares en sobornos al entonces presidente de Comelec con el fin de «obtener y conservar negocios relacionados con el suministro de máquinas de votación y servicios electorales para las elecciones filipinas de 2016 y para asegurar los pagos de los contratos, incluida la exención del pago del impuesto al valor agregado».
Para pagar los sobornos se creó un fondo con el dinero obtenido de «facturar en exceso el costo por máquina de votación para las elecciones filipinas de 2016», agrega el Departamento de Justicia.
La acusación indica que el plan incluyó «la creación de contratos fraudulentos y acuerdos de préstamo falsos para justificar las transferencias» y que, además, se blanquearon fondos a través de cuentas bancarias ubicadas en Asia, Europa y Estados Unidos.
Piñate y Vasquez están acusados cada uno de un cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y una violación sustancial de la FCPA.
Además, los cuatro acusados se enfrentan cada uno a un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y tres cargos de lavado internacional de instrumentos monetarios.
Si son condenados, Piñate y Vásquez se enfrentan a una pena máxima de cinco años de prisión por los cargos vinculados a la FCPA, pero además ellos dos y Bautista y Moreno se enfrentan a una pena máxima de 20 años cada uno por cada cargo de lavado internacional de instrumentos monetarios y conspiración para cometer lavado de dinero.
El Departamento de Justicia de Filipinas y la Oficina del Defensor del Pueblo brindaron una asistencia sustancial en este caso, según el comunicado oficial estadounidense.
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