La presidenta de Perú, Dina Boluarte, compareció este viernes ante los fiscales que la investigan por la presunta posesión de relojes de lujo y joyas no declarados, escándalo conocido como Rolexgate que sacude los débiles cimientos de su gobierno.
La indagatoria, que comenzó a las 8h30 locales (13h30 GMT) concluyó luego de cinco horas y media, cuando Boluarte se retiró de la fiscalía sin hacer declaraciones a la prensa.
El fiscal general, Juan Carlos Villena, estuvo a cargo de la «toma de declaraciones a la presidenta de la República», informó el Ministerio Público a través de la red social X.
Boluarte estuvo acompañada en la sede central de la fiscalía en Lima por su abogado, Mateo Castañeda.
Declaración de Boluarte
Los fiscales pidieron a la mandataria que presente, en caso de que los tenga, los objetos de valor no declarados como parte de su patrimonio cuando asumió el cargo y que muestre los justificantes de compra o explique su procedencia.
La indagación se produce luego de que la policía allanara su vivienda y el despacho presidencial el 30 de marzo en busca de la supuesta colección, compuesta por al menos tres relojes de alta gama marca Rolex que la prensa le atribuye a través de diversas fotografías publicadas en los últimos días.
Grupos pequeños de simpatizantes y detractores se apostaron en el perímetro de la fiscalía mientras declaraba.
«¡Mujeres unidas, jamás serán vencidas!», «¡Dina resiste, Dina no estás sola», fueron consignas de alrededor de medio centenar de manifestantes, la mayoría mujeres, en apoyo a la mandataria.
Pero no todos los gritos fueron amables. «¡Dina, la cárcel te espera!», clamaba a todo pulmón un pequeño grupo a corta distancia.
«Qué diga la verdad, dónde están los relojes, queremos que la metan presa», dijo a la AFP una mujer que pidió reserva de su nombre.
El gobierno tiene la esperanza de que el caso quede aclarado con la versión que ofreció Boluarte y poner fin así a un escándalo que ya provocó dos pedidos de destitución desde la oposición parlamentaria de izquierda, ambos desestimados el jueves por la mayoría derechista del Congreso.
«Yo presumo que después de esta explicación no le quede más al Ministerio Público que cerrar esta investigación», dijo el jefe del gabinete ministerial, Gustavo Adrianzén, el jueves.
Según Adrianzén la mandataria «sabrá explicar qué es lo que pasó, cómo sucedieron las cosas».
Pulsera Cartier bajo sospecha
La fiscalía solicitará además explicaciones sobre el origen de depósitos bancarios por un millón de soles (unos 269.000 dólares) en sus cuentas en el período en que se desempeñó como ministra entre 2021 y 2022.
También sobre «la posesión de una pulsera Cartier de 56.000 dólares y joyas que habría usado en ceremonias que superarían los 500.000 dólares», anunció el fiscal general Juan Carlos Villena.
Las indagaciones por «la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaración en documentos» comenzaron el 18 de marzo, tras una denuncia periodística del medio digital La Encerrona.
La información reveló que Boluarte usó relojes Rolex en actividades oficiales desde que asumió como vicepresidenta del gobierno del izquierdista Pedro Castillo y ministra de Desarrollo e Inclusión Social en 2021.
Tras esa publicación, la ahora presidenta señaló que se trata de un reloj «de antaño» producto de su «esfuerzo».
Con Boluarte suman seis los presidentes salpicados por denuncias de corrupción en lo que va del siglo XXI. Desde 2016 Perú ha tenido seis mandatarios.
«Manos limpias»
«He entrado a Palacio de Gobierno con las manos limpias y saldré con las manos limpias, como lo he prometido al pueblo peruano», declaró Boluarte, de 61 años de edad, la semana pasada.
La fiscalía la puede investigar un máximo de ocho meses. Si decide acusarla deberá esperar a que termine su mandato en julio de 2026 para llevarla a juicio, según establece la Constitución.
Boluarte, que ha descartado renunciar, denuncia un «ataque y acoso sistemático» con el fin de debilitar su gobierno.
Si dimite, asume la presidencia el jefe del Congreso que deberá convocar a elecciones generales en seis meses.
Boluarte asumió como presidenta en diciembre de 2022 en reemplazo del destituido Castillo.
La fiscalía ya la investiga desde 2023 por los presuntos delitos de «genocidio, homicidio calificado y lesiones graves», por la muerte de más de 50 civiles «durante las movilizaciones sociales entre diciembre de 2022 y enero de 2023» que pedían su renuncia y adelanto de elecciones.
El escándalo estalló cuando su popularidad no supera 10% en las encuestas.