El presidente de Chile, Gabriel Boric, anunció este jueves que aceptó la renuncia de la ministra de Desarrollo Social, Jeannette Vega, luego de que se filtró que una de sus asesoras contactó recientemente por teléfono al líder radical mapuche Héctor Llaitul, detenido el miércoles.
«He tomado la decisión de aceptar la renuncia de la ministra de Desarrollo Social, Jeannette Vega», dijo el mandatario durante una gira por el norte del país.
Vega, de 64 años de edad y ligada al Partido por la Democracia (PPD), socialdemócrata, es la primera ministra que sale del gobierno de Boric, una renuncia que se produce cinco meses después de la toma de posesión y diez días antes del plebiscito en el que los chilenos decidirán si aprueban la propuesta de nueva Constitución.
El medio local Ex-Ante desveló un informe de la policía que señala que una funcionaria del ministerio se contactó con Llaitul para conversar con Vega.
La comunicación tuvo lugar la misma mañana que el líder de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), llamó a «organizar la resistencia armada» en respuesta a la militarización.
«Debemos ser cuidadosos del fondo y también de la forma. Los hechos que hemos conocido hacen que corresponda hacer valer la responsabilidad política de la ministra», agregó el gobernante. También anunció que la subsecretaria Paula Poblete asumirá el cargo de forma interina.
Declaraciones desataron críticas
No es la primera polémica en la que está envuelta Vega, quien en mayo, días después del contacto entre su asesora y Llaitul, reconoció en un canal de televisión local que en Chile existen presos políticos mapuche.
Sus declaraciones desataron una ola de críticas, incluso en el oficialismo, y la entonces ministra tuvo que rectificar horas después.
Un tribunal decretó este jueves prisión preventiva para Llaitul, quien fue arrestado la víspera por la presunta comisión de los delitos de «hurto de madera, usurpación y atentado contra la autoridad» y trasladado a Temuco, la capital de la región de La Araucanía, 700 kilómetros al sur de Santiago.
«Conflicto mapuche»
Allí y en otras zonas sureñas existe desde hace décadas el llamado «conflicto mapuche», una disputa territorial entre el Estado, comunidades radicales indígenas y empresas forestales que explotan tierras consideradas ancestrales.
En ese contexto, se producen casi a diario ataques incendiarios a maquinaria y predios y cortes de ruta -muchos de ellos reivindicados por la CAM- y periódicamente ocurren también tiroteos con víctimas mortales.
«Las señales deben ser claras: sí al diálogo, no a la violencia. Quienes no entiendan esa premisa básica tienen el deber de enfrentarse a las instituciones del Estado de derecho que nosotros desde el gobierno vamos a defender», alertó Boric.
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