Un juzgado decretó prisión preventiva para seis policías chilenos acusados de torturar y agredir sexualmente en una comisaría a un manifestante durante el toque de queda que se impuso en el país durante los primeros días del estallido social.
El autónomo y querellante Instituto Nacional de Derechos Humanos informó en sus redes sociales de que el Décimo Juzgado de Garantía de Santiago dictó prisión preventiva para los carabineros por constituir un grave peligro para la sociedad.
A los seis agentes los imputaron por un delito de torturas. Además, a dos de ellos se les acusó por abuso sexual agravado, indicó la Fiscalía.
Los hechos ocurrieron la madrugada del 21 de octubre, tres días después de que estallase la mayor crisis de la democracia chilena.
El estudiante de medicina Josué Maureira resultó detenido en pleno toque de queda frente a un supermercado que estaban saqueando.
El joven relató ante la Fiscalía que fue apaleado hasta quedarse inconsciente y trasladado a la comisaria de la comuna de Pedro Aguirre Cerda, ubicada en la capital y una de las que más denuncias ha acumulado desde el inicio de la crisis.
Una vez allí, Maureira explicó que nuevamente lo golpearon hasta romperle el tabique nasal, lo vejaron por su orientación sexual y por llevar las uñas pintadas de rojo; lo violaron con una peinilla, lo amenazaron de muerte y lo encarcelaron por supuestas agresiones a los agentes.
«Dos de ellos me tomaron por la cintura y me bajaron los pantalones y la ropa interior. Luego otro utilizó su luma (peinilla) para introducirla en mi ano», relató en su declaración fiscal.
El cuerpo policial está en el punto de mira por su presunta brutalidad en la dispersión de las protestas. Son acusados de cometer graves violaciones a los derechos humanos por diversos organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; Amnistía Internacional o Human Rights Watch.
El INDH ha interpuesto desde el inicio de las revueltas un total de 943 denuncias contra agentes del Estado. De estas, 5 son por homicidio, 750 por torturas y tratos crueles y 134 por violencia sexual.
Otro juzgado decretó el jueves prisión preventiva para otros cinco policías por torturas a un manifestante en la céntrica Plaza Ñuñoa también durante el toque de queda.
El presidente chileno, Sebatián Piñera, reconoció abusos puntuales, pero negó una política sistematizada para atacar a los manifestantes. Piñera se comprometió a investigar los hechos.
Lo que empezó como un llamamiento de los estudiantes a colarse en el metro de Santiago para protestar contra el aumento de la tarifa se convirtió en una revuelta por un modelo económico más justo.
Hasta ahora, las protestas dejaron al menos 24 muertos y episodios de violencia extrema con saqueos, incendios, barricadas y destrucción de mobiliario público.
Aunque las manifestaciones han perdido fuerza, sigue existiendo descontento en las calles y la crisis parece lejos de solucionarse.