Por LA PRENSA
El 14 de enero de 2024, el arzobispo de Managua, cardenal Leopoldo Brenes, envió una comunicación a los sacerdotes de su arquidiócesis. “Mis buenos sacerdotes: luego de un diálogo entre el gobierno de Nicaragua y la Santa Sede, se acordó trasladar a Roma a Mons. Rolando, a Mons. Isidoro, a sacerdotes y a dos seminaristas”.
La breve nota de tres escuetos párrafos terminaba de manera lapidaria: “Ruego a todos orar por los obispos y sacerdotes para que la gracia del Señor nunca les falte y el Espíritu Santo les guíe en todos los momentos de su vida”.
No era un hasta luego, sino un adiós, una muestra clara de que el viaje para los dos seminaristas, 15 sacerdotes y los dos obispos no tenía retorno.
Murillo celebra felicitando al cardenal Brenes
Casi dos meses después, la llamada “copresidenta” Rosario Murillo, en su monólogo de mediodía del 7 de marzo, felicitó con dulces palabras al cardenal Brenes que cumplía 75 años, y dijo, sin ocultar su gozo, que “(Brenes) ha venido dejando atrás los días de campanas y cristales rotos, días terribles cuando intentaron destruir el sentido de familia y comunidad”. Para Murillo la tercia ha terminado con victoria para el régimen
En realidad, desde la negociación con el Vaticano, atrás quedaron los días de extorsión del régimen contra un sector de la Iglesia que denunciaba con fuerza los abusos de la dictadura. Los dictadores no tuvieron empacho en encerrar por más de 500 días a monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa y administrador apostólico de Estelí. Álvarez había sido condenado sin juicio ni pruebas a 26 años de prisión por supuesta traición a la patria.
Monseñor Isidoro Mora, obispo de Siuna, había pasado tres semanas en prisión. Su “delito”: haber pedido orar por Álvarez. Esa detención, días antes de Navidad, había desatado una redada contra sacerdotes en posiciones claves en diversas diócesis del país: vicarios, cancilleres, ecónomos, párrocos de iglesias importantes. Todas posiciones clave para el funcionamiento de los territorios eclesiales.
Pero esta era solo la última ofensiva de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra la Iglesia católica de Nicaragua. Antes había expulsado a 12 sacerdotes que también había previamente detenido por insinuar, cuando mucho, leves críticas al régimen. Y durante meses había expulsado o prohibido la entrada a decenas de sacerdotes, había expulsado órdenes enteras y confiscado a los jesuitas la Universidad Centroamericana (UCA).
Una negociación que “no fue fácil,” más bien una capitulación
Cuatro días después de la nota de Brenes a los sacerdotes, el canciller del Vaticano, el arzobispo Paul Gallagher, reconoció que la negociación con el régimen de Ortega “no fue fácil”. Sin embargo, el alcance de la negociación apenas se ha venido conociendo.
Desde la rebelión cívica de abril de 2018, el régimen venía tratando de silenciar a la Iglesia en Nicaragua. La presión aumentaba mes a mes, y a excepción de Álvarez, Mora y un puñado de sacerdotes, que pagaron su valentía profética con su libertad, la mayoría de los obispos y sacerdotes dentro del país mantenían silencio para evitar ser arrestados.
Pero la “negociación” de la que habló el canciller del Vaticano no solo logró el destierro y desnacionalización de los sacerdotes y obispos incómodos, sino que logró silenciar incluso a los desterrados. Ni Álvarez ni Mora ni ninguno de los 27 sacerdotes que han sido desterrados en dos tandas al Vaticano han vuelto a hablar.
Y una voz que semanalmente criticaba con fuerza al régimen y estaba fuera de su alcance, la del obispo auxiliar de Managua, monseñor Silvio Báez, exiliado en Miami desde el año 2019, tampoco habla desde entonces.
Inmediatamente después de la excarcelación y destierro de los 19 religiosos a mediados de enero, Báez fue llamado de urgencia al Vaticano. De su visita se informó que el papa Francisco había ratificado a Báez en su cargo como obispo auxiliar de Managua. Lo que no se explicó es cómo ni por qué Báez ha bajado su perfil considerablemente. El obispo auxiliar oficiaba misa todos los domingos en la iglesia Santa Ágata en Miami, en un sector de mucha población nicaragüense, y enviaba copia de sus homilías dominicales a La Prensa para que fueran publicadas.
No más.
El 20 de febrero sorprendió con un mensaje en su cuenta de X (antes Twitter) “¡Saludos desde el aeropuerto de Miami! Estoy viajando a Italia para dirigir dos tandas de ejercicios espirituales…”. Desde entonces no ha vuelto a decir nada de Nicaragua.
El padre Edwing Román, también exiliado desde 2020, fue trasladado de la Iglesia Santa Ágata en Miami, en la zona de mucha población nicaragüense, a otra parroquia en el sur de Miami donde se cuentan muchos menos nicaragüenses entre los feligreses.
Una Iglesia que temía quedarse sin sacerdotes
El académico venezolano, Edgard Beltrán, en un ensayo publicado en la revista Law and Liberty, se refirió a “Las tribulaciones de la Iglesia Nicaragüense”. Beltrán mencionó que “después de que Ortega expulsó al nuncio apostólico (Waldemar Sommertag, en marzo de 2022) los obispos se convirtieron en los únicos representantes del Vaticano en el país. Por lo tanto, juegan el papel de negociadores en nombre del Papa… En segundo lugar, simplemente temen que decir demasiado conduzca a una persecución aún mayor contra la Iglesia y, por lo tanto, deje a los fieles sin sacerdotes y obispos que los guíen en la fe”, escribió Beltrán.
Pero continuó su artículo con una afirmación lapidaria. “Sin embargo, el silencio no ha disminuido la persecución contra la Iglesia”.
Sacerdotes cercanos al régimen en lugar de los desterrados y una relación estilo China
Más allá del silencio de la Iglesia en Nicaragua y de sus obispos y sacerdotes desterrados, cada vez es más evidente que la negociación tuvo mayores alcances y que el papa Francisco cedió a presiones del régimen para que en Nicaragua se implemente un esquema similar al existente en China, donde el régimen tiene la potestad para vetar los nombramientos de los obispos.
Solo para mencionar dos casos emblemáticos, Brenes nombró hace pocas semanas a los sacerdotes Antonio Castro y Boanerges Carballo en parroquias que quedaron sin sacerdotes tras la ofensiva del régimen. Carballo es hermano de monseñor Bismark Carballo, quien después de haber sido humillado por el régimen sandinista en los años 80, ahora es cercano a Ortega y se rehúsa a formular críticas o cuestionamientos al gobierno.
Castro, por su parte, es un abierto simpatizante de Ortega desde los años 80, y ha celebrado misas por el alma de Hugo Chávez.
Y aún falta ver cómo se recompondrá la diezmada conferencia episcopal que a estas alturas, de 10 diócesis, hay tres sin obispos: Matagalpa, Siuna y Estelí, mientras la Arquidiócesis de Managua no tiene dentro del país un obispo auxiliar.
Llamado a “condena más grande y sonora” cayó en oídos sordos
Cuando está claro que la jerarquía de la Iglesia católica de Nicaragua y el mismo Vaticano han aceptado la injerencia del régimen en las decisiones de la Iglesia, el temor de muchos se ha confirmado.
A raíz de la confiscación de la UCA el año pasado, el sacerdote jesuita John Jenkins, presidente de la Universidad de Notre Dame, afirmó en un artículo publicado en el diario The Washington Post, que “los intentos de Ortega por extinguir el catolicismo en Nicaragua ameritan una condena mundial en una escala mucho más grande y sonora”.
Jenkins afirma que él “no aceptaría nada menos que la restauración total del derecho de la Iglesia para designar a sus obispos y hacer su trabajo ministerial y de caridad”.
Reconoce que Nicaragua posiblemente no está recibiendo la atención que se merece debido a la competencia que le hacen otros conflictos, como Ucrania, Israel y Taiwán.
“Las acciones del régimen de Ortega contra la Iglesia son un insulto contra la libertad religiosa y los derechos individuales”, dijo Jenkins en una entrevista a La Prensa. “El régimen tiene más posibilidades de sentir la presión de líderes de gobiernos, por lo que espero que una condena más amplia y sonora venga de naciones que valoran la libertad y la libertad de culto”.
Nicaragua junto a regímenes totalitarios
Como resultado de la persecución contra la Iglesia, Nicaragua ha caído en índices internacionales a lugares junto a regímenes como los de Rusia, China e India, donde la libertad religiosa y de conciencia es limitada y violada usando mecanismos que ahora han sido implementados en Nicaragua por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Frederick Davie es el actual subdirector de la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional. Davie tiene unos 40 años de conocer la situación de la Iglesia católica bajo los gobiernos de Ortega. En la década de los 80, Davie viajó a Nicaragua para conocer de cerca la situación que vivía entonces la Iglesia católica y algunas iglesias protestantes. Para esos tiempos conoció en Nueva York a Ortega, quien participaba en una Asamblea General de Naciones Unidas. Murillo acompañaba en ese viaje a Ortega.
“Casi 40 años más tarde, es sumamente decepcionante la dirección que estas dos personas han tomado, el presidente Ortega y la vicepresidente Murillo, y los niveles de opresión que han ejecutado sobre su pueblo cuando estaban supuestos a establecer una nueva era de libertad y oportunidad para el pueblo de Nicaragua”, dijo Davie, en una entrevista desde Washington.
La Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional se encarga de monitorear la libertad de culto alrededor del mundo. Dicha comisión elabora una lista de países donde considera que se está violando la libertad de culto y hace recomendaciones al Departamento de Estado sobre sanciones a adoptarse para presionar a los responsables de la represión.
El 4 de enero pasado, por recomendación de dicha Comisión, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, designó a Nicaragua como “un país de particular interés por involucrarse o tolerar severas violaciones a la libertad religiosa”. Esa es la peor designación que puede hacerse de un país, explicó Davie.
La Comisión conoce en detalle los diferentes ataques que el régimen ha lanzado contra la Iglesia católica, sus sacerdotes, obispos, órdenes de religiosas, feligreses, medios de comunicación y universidades.
“Vemos una muy severa violación a la libertad religiosa en Nicaragua y queremos asegurarnos de que el gobierno estadounidense use todas las herramientas a su disposición para hacer frente a estos temas y para lograr que el gobierno cese y desista de reprimir los derechos del pueblo a ejercer su libertad de religión”, dijo Davie.
¿Se pueden esperar sanciones más fuertes?
Explicó Davie que entre las sanciones aplicadas hasta la fecha ha habido cancelaciones de visas a personas del régimen de Managua directamente involucrados en la represión contra la Iglesia católica. Pero sanciones de ese tipo se han venido aplicando desde la represión de las protestas de 2018 sin que hayan logrado producir un cambio de actitud del gobierno.
Davie menciona otro tipo de sanciones que podrían dificultar más la situación del régimen, pero que sin embargo afectarían la economía del país y profundizarían la pobreza de los ya más desprotegidos: bloquear préstamos y donaciones de la comunidad internacional a Nicaragua.
“Hemos llamado al gobierno de Estados Unidos y a cualquier otra institución internacional a aumentar el escrutinio de cualquier préstamo o ayuda técnica de instituciones financieras internacionales a Nicaragua”, explicó Davie. “Esto es posible y creo que el gobierno de Estados Unidos y gobiernos alrededor del mundo comprometidos con la libertad religiosa y de conciencia necesitan usar estos instrumentos y procedimientos a su disposición para ir directamente en contra de los individuos y agencias en Nicaragua responsables por esta represión”.
Y es que a pesar de la esporádica retórica de Washington contra el régimen de Ortega, los préstamos de organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM), y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), del que Estados Unidos no es parte, han seguido fluyendo hacia las arcas del régimen.
Durante el año pasado, Nicaragua recibió de los organismos financieros y cooperantes bilaterales unos 682,9 millones de dólares, la gran mayoría provenientes del BCIE. El Banco Mundial aportó 47,7 millones de dólares y el BID 40,2 millones.
“Si se enfocan en los préstamos a Nicaragua, en otros tipos de donaciones que la Comunidad Internacional le concede a Nicaragua, podrían empezar a ejercer el nivel de presión sobre el gobierno que, con el tiempo, resultarán en que el gobierno detenga este nivel de represión contra el pueblo de Nicaragua”, explicó Davie.
El Departamento de Estado se declara “preocupado”
El Departamento de Estado, por su parte, mantiene su crítica a Nicaragua, pero no da señales de estar preparando sanciones diferentes que hagan frenar la represión.
“Nos mantenemos muy preocupados por el continuo acoso del régimen contra los Jesuitas, el clero católico y otros practicantes religiosos”, dijo a La Prensa un portavoz del Departamento de Estado. “Reiteramos nuestros llamados urgiendo al gobierno que promueva la seguridad del clero y los feligreses, así como la seguridad en todos los lugares de adoración religiosa”.
Pero los llamados de Davie y la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional no han logrado aún que se implemente un mayor escrutinio de los préstamos y donaciones de organismos financieros a Nicaragua. Ni siquiera a pesar de que muchos de los fondos que manejan el BID, FMI y el Banco Mundial tienen su origen en Estados Unidos.
En resumen, aunque puede haber mucha retórica, en la realidad el régimen, al menos por el momento, le ha ganado la tercia a la Iglesia. Tiene diezmada a la Conferencia Episcopal, ha expulsado al nuncio, tres obispos, incluyendo a Báez, y cuanto sacerdote ha deseado; para colmo, en esta época de Cuaresma, el período más importante para los católicos, las procesiones no pueden salir a las calles como ha sido la tradición, y el régimen no ha tenido que pagar ninguna consecuencia. Las razones de Murillo para jactarse están a la vista.