Un tribunal cubano condenó a siete años de cárcel a un joven por subir a redes sociales videos en los que, según el fallo, «cuestionó el sistema del Estado cubano y atacó al presidente» del país.
La sentencia 20/2025 de la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Provincial Popular de Villa Clara, a la que Efe tuvo acceso, asegura que Alexander Mario Fábregas cometió por esos hechos un delito de «propaganda contra el orden constitucional» cubano.
El fallo recoge que el condenado realizó varias transmisiones en directo en Facebook en las que abogó por salir a las calles a protestar, aseguró que la desobediencia civil «es un derecho, no un delito» y pidió «apoyar a los presos políticos».
El documento detalla que estas publicaciones tuvieron entre 30 y 22 reacciones, entre 50 y 383 comentarios y que fueron compartidas entre 19 y 167 veces, además de amplificadas por 3 canales de Youtube. En comparación, Cuba tiene cerca de 10 millones de habitantes.
Por todo esto, el tribunal consideró probado que el condenado realizó estas publicaciones «con la intención de estimular a las personas a atentar contra la estabilidad social y el Estado socialista proclamado por la Constitución de la República».
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) calificó en redes sociales la sentencia de «injusta» y «producto de una clara violación de los derechos humanos», fruto de «un tribunal carente de independencia».
Es la segunda sentencia contra Fábregas por acciones de carácter político tras la condena a nueve meses de prisión por un delito de «desórdenes públicos» a raíz de las protestas del 11 de julio de 2021, las mayores manifestaciones antigubernamentales de Cuba en décadas.
En los últimos años algunas personas han sido condenadas a prisión en Cuba por expresar su oposición al sistema político en redes sociales, entre ellas algún influencer.
ONG han cuestionado los procesos judiciales en Cuba por considerar que los jueces no son independientes y que no se sigue el debido proceso.
La ONG Prisoners Defenders registró hasta febrero un total de 1.150 presos por razones políticas en Cuba.
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