En medio del asedio de fuerzas combinadas del gobierno a varias ciudades de Nicaragua, y en espera de una respuesta del presidente Daniel Ortega a la solicitud del episcopado de adelanto de las elecciones, se reanudó ayer un diálogo en presencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que busca parar la violencia en ese país, que ha ocasionado 218 fallecidos, entre ellos un menor de 14 meses de edad asesinado presuntamente por fuerzas del Estado en Managua.
Tiroteos, incendios de locales y operaciones de limpieza de barricadas, con hombres armados y palas mecánicas, se registraron en los departamentos de León y Managua. Los habitantes reportan heridos, pero los grupos humanitarios aún no dan un resultado oficial.
“Hay detonaciones muy fuertes. Esto es verdaderamente un error, no abona en nada la represión, hacemos un llamado a las autoridades a que frenen esto. No queremos más muertos”, dijo el párroco Víctor Morales.
La comisión de la Iglesia que media en el diálogo anunció que se instalaron las mesas de trabajo con delegados del gobierno y de la Asociación Cívica por la Justicia y la Democracia, de la sociedad civil, para evaluar, como tema primordial, la propuesta de adelantar las elecciones de 2021 a marzo de 2019.
“Los obispos de Nicaragua estamos esperando que el presidente Ortega nos comunique formalmente su aceptación de la propuesta que le hicimos, recogiendo el sentir de la mayoría de los nicaragüenses, sobre elecciones anticipadas”, escribió en Twitter el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez.
A las palabras de Báez se sumaron las del obispo Rolando Álvarez, quien dijo que aguardan la voluntad política del presidente, y si bien reconoció que se le ha “insistido que responda”, aclaró que no han puesto un ultimátum.
La petición fue planteada por la Conferencia Episcopal de Nicaragua el 7 de junio en la mesa de conversaciones, pero Ortega, cuyo tercer mandato consecutivo concluye en enero de 2022, pidió tiempo para reflexionar y aún no se ha pronunciado al respecto.