Con las elecciones locales a la vuelta de la esquina y las reformas sociales en un Congreso que avanza en cámara lenta, el presidente Gustavo Petro enfrenta la más grave acusación desde que asumió el mando: a su campaña política habrían entrado dineros ilegales.
La versión, cuya fuente es ni más ni menos que su hijo mayor, Nicolás, llega en momentos en que Palacio estaba empeñado en una intensa, y millonaria, estrategia de propaganda para mostrar resultados de su primer año de gobierno. Pero con este escándalo, lo que se asoma es una sombra que amenaza con marcar, como le pasó al expresidente Ernesto Samper con el proceso 8.000 hace casi 30 años, los tres años que le quedan al primer gobierno de izquierda en la historia del país.
El jefe de Estado, que obtuvo el poder con las banderas de cambio para dejar atrás, entre otras, viejas y nocivas prácticas políticas de nuestra historia, tendrá que dedicar tiempo y esfuerzo para tratar de demostrar no solo su inocencia, sino la legitimidad de su elección. Y, en paralelo, esforzarse para evitar la parálisis de su gobierno, riesgo al que hizo alusión expresa en un comunicado del viernes.
Nicolás Petro y Days Vásquez.
Foto: Archivo El Tiempo
«Sin vacilación alguna, afirmo y reitero que nadie puede estar por encima de la ley y que la justicia debe aplicarse de manera imparcial. Nada ni nadie puede detener la lucha de toda una vida contra todas las formas de corrupción y el Gobierno continuará sin distracciones su tarea y compromiso por una Colombia mejor», dijo Petro.
Aunque horas antes, en un acto público en Sincelejo, había agitado la versión de que detrás de las explosivas declaraciones judiciales de su hijo había fuerzas que supuestamente quieren sacarlo del poder, el tono de su última declaración, la forma —fue un comunicado de la Casa de Nariño, no un mensaje desde su cuenta de Twitter— y el contenido muestran la gravedad con la que se percibe desde Palacio la situación.
El Presidente, de hecho, anunció que ya tiene abogado: «Serán los jueces en sus diferentes competencias quienes definan jurídicamente lo que corresponda. Le he otorgado poder al conjuez de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia Mauricio Pava Lugo para que me represente».
Así las cosas, el país se prepara para un escenario inédito: un enfrentamiento jurídico entre un presidente y su propio hijo, de quien Petro dijo que «no lo crio», pero que se convirtió en un protagonista de la política de la costa Caribe a la sombra de su padre. Nicolás Petro reconoció la receptación de dineros oscuros, parte de los cuales habrían ido a la campaña presidencial del 2022. «(Se) habrían superado los topes mínimos permitidos por la ley y una parte de ellos no habrían sido reportados ante las autoridades», dijo el fiscal del caso, Mario Burgos, sobre la versión del hijo del primer mandatario.
Es un inesperado escenario que devuelve a los colombianos a mediados de los 90, cuando Samper Pizano, quien sigue asegurando que es inocente, se pasó prácticamente todo su gobierno tratando de desmarcarse del elefante de los dineros de la mafia en su campaña de 1994.
En aquella ocasión, Estados Unidos, a través de la DEA, que tenía interceptadas las comunicaciones de algunas personas de la campaña, estableció que los capos del cartel de Cali, los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, pusieron al menos seis millones de dólares para empujar la elección de Samper. Para Estados Unidos eran tan sólidas las pruebas que le quitaron la visa.
Nicolás Petro y Gustavo Petro Foto: Nicolás Petro Burgos
En el caso actual, hasta ahora se empiezan a conocer los primeros elementos. Es una historia que estalló ante la luz pública por la pelea de pareja entre Petro Burgos y su exesposa, Dayssuris Vásquez, ambos en juicio, y que ha sacudido los cimientos del Ejecutivo.
En un principio, los más leales a Petro señalaron a la oposición de hacer un montaje. Un «circo electoral del fiscal Francisco Barbosa», dijo Gustavo Bolívar, uno de los cercanos a Palacio y aspirante a la Alcaldía de Bogotá.
Con la declaración de su propio hijo, esta tesis pierde valor. El señalamiento no es de un contradictor ideológico del jefe del Estado ni una puesta en escena orquestada por la oposición. Se trata de un miembro de la familia presidencial que, además, fue un actor clave en el triunfo electoral de su padre en la costa Atlántica. Un hijo que, además, había sido protagonista de polémicas desde que Gustavo Petro estuvo en la alcaldía de Bogotá, hace ya una década, y quien tras el triunfo presidencial se movió por meses a sus anchas por despachos del Gobierno Nacional y los de varios departamentos.
Lo que está por ahora probado en el expediente, y admitido por los procesados, es un gran caso de corrupción valiéndose de su privilegiada condición familiar y política. Pero las acusaciones contra la campaña tendrán que ser demostradas por la Fiscalía y las otras instancias jurídicas a donde lleguen las compulsas de copias. En entrevista con la revista Semana, Nicolás Petro aseguró que ni su padre ni el gerente de campaña, Ricardo Roa, sabían del ingreso de platas oscuras a la campaña, versión que también tendrá que ser corroborada por las autoridades.
Ricardo Roa fue designado gerente de la campaña Petro presidente, el 21 de enero de 2022. Foto: Twiter: Gustavo Petro
De allí la importancia de que, como lo han señalado desde diversos sectores políticos y del empresariado nacional, se garantice el curso institucional de las investigaciones, con plena transparencia y lejos de los ruidos de la política.
Lo cierto es que los efectos del caso Nicolás ya afectan la agenda presidencial. El viernes, Petro tenía varios compromisos que fueron cancelados. Las entrevistas del primer año de mandato desaparecieron del cronograma de la Casa de Nariño. Y muchos anticipan que el escándalo no solo se atravesará en la agenda, sino posiblemente en la gestión del primer mandatario.
Respeto institucional
Ante la situación generada, los partidos tradicionales salieron a expresar su defensa de la institucionalidad, bajo el entendido de que las investigaciones deben avanzar con celeridad y máxima responsabilidad. Lo que señalan desde varios sectores políticos y académicos es que así como el Gobierno debe garantizar la plena independencia de la justicia, la oposición política no puede jugársela por generar escenarios no fundamentados en pruebas y decisiones de la justicia que pongan en riesgo la estabilidad nacional.
César Gaviria, expresidente y jefe del Partido Liberal, fue incluso más allá y dijo: «Estamos obligados a luchar para que el presidente Gustavo Petro termine su periodo».
César Gaviria, expresidente de Colombia y jefe del Partido Liberal. Foto: Héctor Fabio Zamora. El Tiempo.
«Espero acompañar al Presidente hasta el último día de su mandato en el año 2026», aseguró a Caracol. Y también descartó ver al jefe de Estado enfrentando un juicio político en el Congreso.
«No me imagino que vamos a llegar a esas circunstancias. Las dudas sobre la financiación de una campaña no pueden automáticamente llevar a un juicio que tenga un carácter de esa naturaleza, o que nos pueda llevar a algo penal, o que nos pueda llevar a que hay que sustituir al presidente legítimamente elegido, no. Estos son irregularidades, cosas que ocurren en las campañas políticas de los tiempos presentes».
Por su parte, el Partido Conservador, que dirige el senador Efraín Cepeda, anunció: «Ante la gravedad de las afirmaciones que comprometen la campaña del presidente Gustavo Petro, ratificamos nuestra plena confianza en la justicia colombiana y sus actuaciones, las cuales serán fundamentales para brindar la claridad que el país reclama sobre lo ocurrido».
Mientras que desde el Partido de ‘la U’ entienden que lo dicho por el diputado del Atlántico es de tal dimensión que puede afectar la vida de los colombianos. «Desde ‘la U’ solicitamos a la Rama Judicial que, con el respeto a las formas, se decidan (las investigaciones) de manera ágil y preferente», dijo Juan Felipe Lemos, vocero de la dirección del partido. «La institucionalidad del país necesita pronta justicia», argumentó.
Para Sergio Fajardo, rival de Petro en las elecciones, las políticas del jefe de Estado «quedarán en entredicho y desatará más rabias, odios, frustraciones». Por eso, pide sacar enseñanzas de este suceso. «La primera gran lección: si no se cambian las formas en la política, no habrá cambio. No a la política del todo vale», dice.
El senador Gustavo Petro y su hijo, Nicolás Petro, marcharon en Barranquilla. En la foto, multitud concentrada en la calle Murillo. Foto: Vaneza Romero / El Tiempo
Por su parte, Alejandro Gaviria, exministro de Educación de Petro, pide aprovechar estas circunstancias para que el Presidente baje su nivel de confrontación con algunos sectores de la sociedad. «Oligarcas blanquitos», «fascistas», «criminales» les ha dicho a quienes legítimamente se oponen a su ideario.
«Debemos cuidar el debate público. Infortunadamente, los señalamientos sin contemplaciones del presidente Petro durante la campaña justifican una oposición similar, sin matices ni pausa. Es el momento de parar ese círculo vicioso, de no degradar más el debate público», añade.
«El peor escenario para el país es el de la ‘guerra civil fría’, el de una confrontación política tan intensa que desgaste las instituciones, afecte la economía y empeore la seguridad (ya de sí empeorando). Es el momento de la responsabilidad, la cordura y la defensa de las reglas de juego de la democracia», argumenta el exministro.
Con estos planteamientos, es posible que Petro logre contener la tormenta que lo sacude. Sin embargo, no significa que vuelva a ver un horizonte sin nubarrones. Por el contrario, las reformas sociales, que son la bandera de su gobierno, podrían quedarse varadas.
Desde los partidos de la oposición —Cambio Radical y Centro Democrático, Movimiento de Salvación Nacional, por ejemplo— se exige ir hasta las últimas consecuencias. Estos se encontraron en el camino con un material que les servirá para sus críticas. De hecho, algunos de sus miembros y otros líderes de opinión empezaron a organizar para el 16 de agosto una marcha nacional «con el objetivo de pedir la renuncia o juicio del mandatario».
En su momento, Samper tuvo para su defensa política a un escudero de primer nivel: el fallecido Horacio Serpa Uribe. El lío para Petro es que su ministro de la Política, Luis Fernando Velasco, parece lejos de poder jugar ese papel. De hecho, atraviesa una hora política tan mala que su nombre suena con fuerza entre los que se irían en un inminente remezón ministerial.
En efecto, en muy corto tiempo perdió el pulso por la presidencia del Congreso (que quedó en manos de Iván Name Vásquez, más bien lejano al Gobierno) y luego también fue derrotado en la batalla por la presidencia de la Comisión Primera del Senado, célula clave para el tránsito de las reformas. Fue electo Germán Blanco (Conservador) sobre Alexánder López (Pacto Histórico) y persona de confianza del Presidente.
Luis Fernando Velasco. Foto: @velascoluisf
Esta semana que arranca, el golpe puede ser mayor porque la senadora Lozano quiere que la Alianza Verde salga de la coalición del Gobierno y declare su independencia. Ya cuenta con apoyo del senador Jota Pe Hernández.
En este ajedrez político, el reloj corre en contra del Gobierno. El 29 de octubre el país irá a las urnas para renovar el poder local. En juego está la elección de 32 gobernadores con sus asambleas departamentales, 1.102 alcaldes, concejos municipales y ediles de las juntas administradoras. En las elecciones de hace cuatro años, la centro-izquierda aprovechó el descontento social, agudizado por la pandemia, para obtener el triunfo en Bogotá, Cali y Medellín.
En este nuevo contexto, ya los opositores declarados de Petro parecían tener ventaja en varias de las principales alcaldías y gobernaciones. Y los nuevos alcances del caso Nicolás podrían maximizar el golpe a las fuerzas afectas a un gobierno que no ha tenido el mejor arranque.
Los candidatos petristas verían reducidas sus oportunidades de acceder al poder territorial, especialmente en las principales ciudades del país, por cuenta del efecto mediático que entraña la pérdida de confianza por actos de corrupción. En especial, tras llegar al Gobierno con mensajes de transparencia, respeto a las instituciones y cambio en las prácticas políticas.
Gustavo Petro, presidente de Colombia.
Foto: Presidencia
Antes de que se produjera semejante terremoto, el Presidente había sacado bandera blanca y había hablado de un ‘gran acuerdo nacional’ que fue bien recibido por amplios sectores de la sociedad, pero al que no se le trasladó la mecánica política necesaria: convocar los partidos, escucharlos, buscar consensos. De hecho, Petro volvió a hablar del tema. Fue el jueves, en el acto con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), en Corferias, apenas minutos antes de que se conocieran las revelaciones de las andanzas de su hijo mayor.
Sin coalición de gobierno, con las reformas sociales sin despegar en el Congreso y con muchos de sus ministros por debajo de sus expectativas, Gustavo Petro llega a su primer año en un escenario que ni sus más acérrimos malquerientes hubieran imaginado hace unos pocos meses. Este lunes, en su discurso en el Puente de Boyacá, se verá el tono con el que quiere seguir marcando el debate nacional.