Ahmet Guresci murió después de que los policías lo golpearan el 11 de febrero tras ser acusado de saqueo, según Amnistía Internacional y Human Rights Watch, que denuncian actos de «tortura» de las fuerzas de seguridad tras el terremoto que devastó el sur de Turquía.
El hombre, de 27 años de edad, había sido arrestado cinco días después del temblor por «sospechas de saqueo y otros crímenes», junto a su hermano Sabri, diez años mayor, que relata palizas y actos violentos antes de la muerte de Ahmet, dijeron las dos oenegés de derechos humanos.
Durante su detención, «hasta diez gendarmes» les golpearon «durante mucho tiempo, les desnudaron, les retorcieron los testículos e intentaron violarles analmente con porras», escribieron las organizaciones en un informe publicado el miércoles.
La autopsia de Ahmet Guresci, según las organizaciones, mostró «una lesión cerebral que podría haberle causado la muerte y hematomas en el cuerpo».
Un informe médico de su hermano Sabri indica que tenía «lesiones y largas equimosis en los hombros, la espalda, las nalgas y las extremidades, así como un pulgar roto, lo que corresponde a su versión de que fue golpeado con porras y pateado por los gendarmes», según la misma fuente.
Según Amnistía Internacional y Human Rights Watch (HRW), «tres gendarmes han sido suspendidos mientras dure la investigación».
Las dos organizaciones documentaron trece casos distintos en los que 34 víctimas, todos hombres, fueron maltratadas por policías, gendarmes o soldados desplegados en el lugar del terremoto. No se informó de ninguna otra muerte.
Los ministerios turcos de Justicia e Interior, preguntados por Amnistía y HRW, dijeron que aplican «tolerancia cero con la tortura» y aseguraron que las conclusiones de las dos oenegés son solo «vagas afirmaciones sin ninguna base».
Para su investigación las dos organizaciones se basaron en documentos oficiales (denuncias, certificados médicos) y, «cuando fue posible», en vídeos relacionados con la violencia.
Respuesta «decepcionante»
Una de esos vídeos, de 32 segundos y que circuló por «cuatro canales diferentes de Telegram el 12 de febrero», muestra a un hombre «agredido por un grupo de personas vestidas de paisano y policías que participan» en los abusos, mientras «hay gendarmes presentes».
La víctima, de la ciudad de Antakya, muy afectada por el terremoto, había acudido a ayudar a un amigo, también golpeado por la muchedumbre y las fuerzas de seguridad, cuya tía y primo seguían bajo los escombros de un edificio. Los dos hombres consiguieron demostrar su buena fe y fueron puestos en libertad. Después presentaron una denuncia.
Estos trece casos «no son más que la punta del iceberg», afirma Emma Sinclair-Webb, directora asociada de Human Rights Watch y representante de la oenegé en Turquía, un país traumatizado por el terremoto del 6 de febrero en el que murieron más de 50.000 personas.
«Tenemos que admitir que hubo un reto de seguridad [para las autoridades], con robos y saqueos», dijo Sinclair-Webb.
«Pero la policía y la gendarmería tienen la responsabilidad de mantener a salvo a la gente, lo que no significa torturarles o golpearles, aunque sean sospechosos de robo», afirmó.
El estado de excepción, declarado durante tres meses en las zonas afectadas para hacer frente a la catástrofe, «no debe conducir a la anarquía y la impunidad, la tortura y otros malos tratos», dijo por su parte Esther Major, investigadora de Amnistía Internacional.
Major espera que, tras una respuesta inicial «decepcionante», las autoridades turcas «reaccionen con la tolerancia cero de la que hablan e investiguen de verdad», para que los culpables «respondan» por estos actos «espeluznantes».