La situación de la libertad de expresión en Perú «empeoró dramáticamente» entre diciembre de 2022 y febrero de 2023. En este lapso, más de 170 periodistas «fueron agredidos, hostigados, amenazados, golpeados y detenidos arbitrariamente», según denunció el Consejo de la Prensa Peruana (CPP).
El informe trimestral de la organización detalló que de los 170 periodistas agredidos, que han sido contabilizados por la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), alrededor del 60% fue víctima de oficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP), a pesar de lo cual «no se han iniciado investigaciones contra ellos».
También remarcó que «el hostigamiento por parte de civiles ha trascendido la cobertura social y política». Al punto, que durante los aluviones que se presentaron en febrero pasado en la región sureña de Arequipa, ciudadanos de los lugares afectados no permitieron el ingreso de reporteros de Lima «a pesar de tratarse de un desastre natural».
El CPP precisó que «el periodista se ha convertido en un blanco de ataque por parte de manifestantes, vándalos y agentes de la PNP». Y, que además, los «reporteros que cubren protestas son agredidos por todos los frentes».
Estos ataques contra los reporteros se produjeron «mientras cubrían las protestas a nivel nacional desatadas tras el intento de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo», el pasado 7 de diciembre.
Libertad de expresión en Perú
Desde entonces se ha presentado «un trimestre de agresiones a la prensa». Por ende, la libertad de expresión en Perú «se viene erosionando sistemáticamente desde el 2016», enfatizó.
«Hoy está en su peor situación desde el retorno de la democracia en el año 2000», sostuvo la asociación. Esto, al resumir el periodo de manifestaciones antigubernamentales que se desató en el país tras la toma de mando de Dina Boluarte.
El documento resumió los principales ataques y agresiones, que pasaron desde heridas y golpes, a insultos y amenazas de muerte. Las victimas fueron desde periodistas de medios nacionales, regionales e independientes, hasta de agencias y medios internacionales. Todo, durante el ejercicio de su trabajo mientras daban cobertura a la grave crisis social y política que afecta a Perú.
Este reporte se presentó en medio de la oposición de medios y gremios periodísticos locales e internacionales a propuestas del Ejecutivo y del Congreso. Consideran que pueden limitar las libertades de prensa y expresión en el país andino.
El último jueves el CPP manifestó que «se opone frontalmente» al dictamen de un nuevo proyecto de ley aprobado por la Comisión de Constitución del Congreso para elevar la pena de cárcel por difamación, que se suma a otro planteamiento que plantea la colegiación obligatoria para ejercer el periodismo.
«Ambas iniciativas constituyen señales de la tendencia autoritaria y antidemocrática del Congreso», remarcó el CPP antes de demandar «el archivo inmediato de los dos proyectos».
El proyecto de colegiación también generó la semana pasada un pronunciamiento de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). Consideró que representa «un retroceso para la libertad de prensa y contraviene la jurisprudencia interamericana».
El Ejecutivo peruano también publicó en febrero pasado el borrador de un protocolo para los periodistas durante la cobertura de protestas que generó el rechazo de medios locales y de la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú (APEP) que pidió su archivo al considerar que impone «límites a la tarea informativa».