La presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de Perú, Lady Camones, dio cuenta este viernes de la recepción de una denuncia constitucional presentada por la Fiscalía de la Nación contra el presidente Pedro Castillo, con lo que comenzó el periplo parlamentario de la acción.
Camones leyó, al inicio de la sesión de la subcomisión, un breve resumen del documento enviado por la fiscal general, Patricia Benavides, quien acusa al gobernante de ser el presunto autor de los delitos de organización criminal agravada por su condición de líder, tráfico de influencias agravado y complicidad en el delito contra la administración pública en la modalidad de colusión (fraude).
Tras dar cuenta del pedido, Camones informó brevemente a los integrantes del grupo de trabajo legislativo que el documento completo será enviado a sus correos electrónicos y pasó a la revisión de otros temas pendientes de resolver por la subcomisión.
Un proceso prolongado
Camones declaró el miércoles que el trámite en el Congreso de la denuncia contra Castillo puede durar tres meses «por todos los procedimientos que hay que atender, por todos los plazos que hay que cumplir y por todos los testigos que hay que escuchar».
La legisladora del partido derechista Alianza para el Progreso (APP) agregó que la subcomisión tendrá unos diez días hábiles para calificar el pedido.
Agregó que, por «ser un hecho histórico, que pone en riesgo la democracia, estabilidad jurídica y política del país, se le está dando la atención prioritaria en respeto a los plazos y al proceso».
Ante esto, la portavoz de la bancada izquierdista de Perú Libre, Kelly Portalatino, anunció que su grupo presentará una moción de censura contra Camones si no da la misma prioridad a denuncias presentadas antes, entre ellas contra la fiscal Benavides.
El procedimiento del caso
El Ejecutivo peruano defiende que el artículo 117 de la Constitución establece que el presidente solo puede ser acusado, durante el ejercicio de sus funciones, por cuatro casos concretos, entre los que figuran traición a la patria o impedir las elecciones, pero no por delitos de corrupción o comunes.
Por ese motivo, la ministra de Cultura, Betssy Chávez, denunció constitucionalmente a Benavides ante el Congreso, por una presunta infracción de la Constitución, abuso de autoridad y prevaricación.
Chávez también pidió este jueves a la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el órgano encargado de nombrar, ratificar y cesar a los magistrados, que destituya a la fiscal general por haber cometido una «infracción muy grave» de la Constitución.
En caso de que la acusación contra Castillo sea admitida por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, entrará en una etapa probatoria en la que el acusado puede ser convocado a ejercer su defensa, antes de que el grupo de trabajo emita su informe final.
Si este informe procede, pasará a la Comisión Permanente, como antesala de la votación en el pleno, donde, para prosperar, requerirá los votos de la mitad más uno de los legisladores del hemiciclo, menos que las dos terceras partes de la Cámara que exige una moción de vacancia (destitución).
El periplo legal no acabará en esta instancia, pues si el pleno aprueba acusar constitucionalmente a Castillo y se levanta la inmunidad presidencial, la denuncia volverá a la Fiscalía para que presente una acusación formal ante el Poder Judicial.
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