La organización de abogados Lawyers for Civil Rights (LCR, en inglés) presentó este martes en Boston una demanda colectiva contra el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, por ordenar el envío de medio centenar de migrantes la semana pasada a la elegante isla de Martha’s Vineyard.
La demanda alega que casi medio centenar de migrantes «vulnerables», incluidos mujeres y niños, fueron transportados «de manera fraudulenta y discriminatoria» a Martha’s Vineyard, en Massachusetts, sin refugio ni recursos disponibles, con «falsas promesas de trabajo, educación para los niños y asistencia de inmigración».
El director ejecutivo de LCR, Iván Espinoza Madrigal, expresó en un comunicado: «Ningún ser humano debe ser utilizado como peón político en el debate altamente polarizado de la nación sobre la inmigración».
50 migrantes venezolanos
DeSantis envió el miércoles dos aviones chárter con 50 migrantes venezolanos al aeropuerto de Martha’s Vineyard como parte de un programa, con 12 millones de dólares de presupuesto, para relocalizar indocumentados en los llamados «estados santuario».
Simultáneamente, el gobernador de Texas, el también republicano Greg Abbott, despachó el jueves dos autobuses con un centenar de migrantes a la residencia oficial de la vicepresidenta del país, Kamala Harris, en Washington. Y lo volvió a hacer el sábado, al tiempo que envió otros tres vehículos con indocumentados a Nueva York.
El director ejecutivo de Alianza Americas, otra de las organizaciones que ayuda a los migrantes, Óscar Chacón, sostuvo en el mismo comunicado que el gobernador de Florida promueve una agenda «impulsada por el odio» contraria a «las mejores tradiciones» del país.
«Por eso hemos tomado las medidas para impugnar legalmente lo que vemos no solo como una acción moralmente reprobable, sino que también creemos que es ilegal», agregó Chacón.
Esas organizaciones representan a tres migrantes venezolanos que han decidido interponer la demanda contra DeSantis y el estado de Florida, así como contra el secretario de Transportes estatal, Jared Perdue, y el departamento que dirige.
Plan «premeditado, fraudulento e ilegal»
En su escrito judicial, los demandantes alegan que esas autoridades de Florida ejecutaron un plan «premeditado, fraudulento e ilegal» por el que personas que se hicieron pasar por «buenos samaritanos» captaron a los migrantes en los alrededores de un refugio y locales similares en Texas ofreciéndoles ayuda humanitaria.
Entre otras cosas, según el escrito, les dieron cupones de 10 dólares para gastarse en una conocida cadena de comida rápida y les convencieron para que se subieran a los aviones que los llevaron a Martha’s Vineyard asegurando que les ofrecerían allí oportunidades para trabajar, de encontrar vivienda y de que sus hijos tuvieran una educación.
Una vez que aceptaron, los alojaron gratis en un hotel antes de partir hacia esa isla, bajo la creencia de que los aviones irían a Washington DC o a Boston.
A su llegada a Martha’s Vineyard fueron abandonados sin comida, bebida y alojamiento y sin que nadie en la isla o en el estado de Massachusetts supiera con antelación que iban a llegar allí, indica el texto.