El presidente brasileño, Michel Temer a través de su abogado, presentó hoy sus alegatos ante los cargos de corrupción que ha formulado en su contra la Fiscalía, en los que se niega en forma enfática que haya incurrido en algún tipo de delito.
El documento que contiene la defensa de Temer fue presentado por el abogado Eduardo Carnelós a la Comisión de Constitución y Justicia de la Cámara de Diputados, en la que tramita el caso actualmente.
Una vez recibidos los descargos del mandatario, volcados en un total de 89 páginas, la comisión tiene un plazo de hasta cinco sesiones para redactar un informe sobre el asunto, que luego será remitido para análisis al pleno de la Cámara de Diputados.
En esa última instancia, si una mayoría calificada de dos tercios (equivalente a 342 votos) considera que existen indicios contra el presidente, la Corte Suprema quedará autorizada para analizar las acusaciones y decidir si instaura un juicio penal.
Si así fuera, Temer sería suspendido de sus funciones durante los seis meses que duraría el proceso, al cabo del cual sería destituido si fuera hallado culpable.
Durante ese período, Temer sería sustituido por el presidente de la Cámara baja, Rodrigo Maia, quien en caso de culpabilidad debería convocar a las cámaras para una elección indirecta y escoger a quien gobernaría el país hasta el fin del actual mandato, que vence el 1 de enero de 2019. En caso contrario, si Temer fuera declarado inocente, recuperaría el poder y debería completar el período.
El gobernante está acusado de obstrucción a la justicia y asociación ilícita, sobre la base de unos testimonios prestados por los dueños del grupo JBS, que han asegurado que sobornan a Temer al menos desde 2010.
La propia Fiscalía ha anulado todos los beneficios pactados en un acuerdo de cooperación judicial firmado con JBS, pues ha comprobado que los dueños de ese grupo falsearon buena parte de la información que ofrecieron u omitieron algunos asuntos. Sin embargo, sostiene que las supuestas pruebas obtenidas contra Temer tienen valor legal, una tesis que fue contestada hoy por la defensa del mandatario, la cual asegura que las irregularidades que se han detectado en los testimonios anulan toda la colaboración.
Apoyada en esos mismos testimonios, la Fiscalía General acusó en julio pasado a Temer de corrupción pasiva, pero la base oficialista en la Cámara de Diputados impuso su mayoría y negó la autorización que la Corte Suprema necesitaba para analizar el caso.
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