La suspensión del Parlamento británico adoptada por el primer ministro Boris Johnson, fue una decisión «inherente y fundamentalmente política por naturaleza».
Así lo defendió este miércoles ante el Tribunal Supremo James Eadie, abogado que le representa.
La máxima instancia judicial del Reino Unido analiza desde ayer si el jefe del Ejecutivo actuó ajustándose a la legalidad o frustró la soberanía parlamentaria al cerrarlo durante cinco semanas en vísperas del «brexit».
En este proceso judicial de tres días, el Supremo estudia los dictámenes emitidos por dos tribunales diferentes.
Estas son: el Superior de Londres, que falló a favor del gobierno, y el de Apelaciones de Escocia, que lo hizo en contra.
Justificación y contra
El líder conservador determinó el cierre de ambas cámaras del pasado 10 de septiembre, hasta el próximo 14 de octubre, a poco de la fecha establecida para consumar la marcha de la UE el 31 de octubre.
Johnson justificó la medida con el argumento de que precisaba de ese tiempo para confeccionar la nueva agenda legislativa de su Ejecutivo.
En cambio, los demandantes están convencidos de que Johnson obró siguiendo una estrategia con la que impedir al Parlamento bloquear sus planes de «brexit».
El letrado James Eadie enfatizó que la suspensión de las cámaras es una prerrogativa ya contemplada en el derecho parlamentario.
El abogado aceptó que los poderes de prerrogativa pueden quedar en ocasiones «limitados por los derechos fundamentales».
Admitió que la suspensión podría potencialmente «socavar» la capacidad del Parlamento de escudriñar al Ejecutivo.
No obstante, Eadie insistió en que el cierre de las cámaras son decisiones «inherente y fundamentalmente políticas por naturaleza» sobre las que no debería interferir la justicia.
Argumentó asimismo que cualquier decisión de clausurar las cámaras «reduce» inevitablemente el tiempo disponible para llevar a cabo debates parlamentarios.
En su intervención, Eadie cuestionó además que se pida a los tribunales que se pronuncien sobre si la duración de la suspensión parlamentaria es razonable o no.
Consideró que, al hacerlo, se «invita» a la justicia a dirimir en «asuntos políticos» y a adentrarse «directamente en el territorio de la controversia política y parlamentaria».
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