La policía de Nicaragua allanó y decomisó las viviendas de las opositoras Sofía Montenegro y Azahalia Solís. Ambas forman parte de los 94 nicaragüenses a los que se despojó de su nacionalidad y se les declaró prófugos de la justicia tras ser acusados por el Ministerio Público por delitos considerados «traición a la patria». Así lo informó este sábado la prensa local.
Las dos opositoras, que no se encontraban en sus viviendas, vivían en el condominio Amazonia, en el sector del Reparto San Juan, en el centro de Managua, de acuerdo con la información.
Según el medio digital Confidencial, con el que colaboraba Montenegro, quien es periodista e investigadora, el registro de las viviendas de las opositoras ocurrió la noche del viernes. La misma fue ejecutada por agentes de la Dirección de Operaciones Especiales Policiales.
La periodista Montenegro y la abogada Solís son integrantes del Movimiento Autónomo de Mujeres de Nicaragua.
Gobierno de Nicaragua decomisó vivienda a opositoras
Montenegro fue directora del Centro de Investigaciones para la Comunicación (Cinco). Su personalidad jurídica fue cancelada por la Asamblea Nacional (Parlamento) el 12 de diciembre de 2018.
Solís, experta constitucionalista, formó parte de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. La misma fue la contraparte del Ejecutivo sandinista en una mesa de negociación en la que se buscaba una salida pacífica a la crisis sociopolítica que vive Nicaragua desde abril de 2018.
Ordenaron decomisar bienes a 94 desnacionalizados
Las autoridades de Nicaragua despojaron el pasado 15 de febrero de su nacionalidad a 94 nicaragüenses. Con esto suman 317 en lo que va de este mes. Acá está incluido el obispo Rolando Álvarez, condenado a más de 26 años de prisión tras negarse a ser un desterrado del gobierno del presidente Daniel Ortega a territorio estadounidense.
También están los 222 presos políticos excarcelados y expulsados hacia Estados Unidos el 9 de febrero pasado.
En la nueva lista de 94 nicaragüenses declarados apátridas sobresalen los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli. Así como al obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez.
También el excomandante de la revolución Luis Carrión, la veterana defensora de los derechos humanos Vilma Núñez; el excanciller Norman Caldera y el exmagistrado sandinista Rafael Solís.
Igualmente, el exembajador de Nicaragua ante la OEA Arturo McFields y el periodista Carlos Fernando Chamorro, entre otros que acusaron por delitos considerados «traición a la patria», según la sentencia del Tribunal de Apelaciones de Managua.
Sentencia a favor del Estado
En la sentencia se ordena además «la inmovilización y el decomiso a favor del Estado de Nicaragua de todos los bienes inmuebles y sociedades que los procesados tengan inscrita a su favor. Ya sea a título personal, de persona jurídica o sociedades en la que participan como socios, para responder por los delitos cometidos».
Hasta ahora, ni la policía de Nicaragua, ni la Intendencia de la Propiedad, ni la Procuraduría General de la República, han ofrecido detalles sobre el decomiso de los bienes inmuebles de los 94 desnacionalizados.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018. La cual se acentuó tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021. Pues en la misma, Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta. Así como con sus principales contendientes en prisión o en el exilio.