Decenas de miles de birmanos se manifestaron de nuevo en Rangún el domingo contra el golpe de Estado que depuso el gobierno de Aung San Suu Kyi, en la mayor protesta desde la revuelta de 2007, mientras el acceso a internet fue parcialmente restablecido tras días de bloqueo.
Los manifestantes, unos 100.000 según varias estimaciones, se congregaron cerca del Ayuntamiento de la capital económica, donde se había desplegado un fuerte dispositivo policial. Por el momento, no se registró ningún enfrentamiento.
En varias ciudades del país también se organizaron protestas, con numerosos participantes, de acuerdo con periodistas de la AFP.
Se trata de las mayores manifestaciones desde la «Revolución del Azafrán» de 2007, duramente reprimidas y que se saldaron con decenas de fallecidos.
«Seguiremos manifestando hasta que vuelva la democracia. Abajo la dictadura», declaró Myo Win, un manifestante de 37 años, bajo un concierto de bocinazos.
«La dictadura está enraizada en nuestro país desde hace demasiado tiempo», lamentó Myat Soe Kyaw.
Algunos de los manifestantes daban rosas a los policías, otros mostraban pancartas en las que se podía leer: «Liberen a madre Suu», en referencia a Aung San Suu Kyi.
No lejos de allí, se veían banderas de su partido, la Liga Nacional para la Democracia (LND) y muchos hacía el saludo con tres dedos, un gesto de resistencia.
«Hasta el final»
«No tengo miedo de la represión», «lucharemos hasta el final», clamaban los estudiantes.
Pese al miedo, en un país acostumbrado a la represión sangrienta como en 1988 y 2007, los habitantes de Rangún volvieron a salir a las calles a primeras horas del día para «expulsar a los demonios», los militares, golpeando cacerolas.
El sábado, varios miles de personas se congregaron en varias ciudades del país para condenar el golpe de Estado del 1 de febrero que puso fin a diez años de frágil democracia.
Los militares decretaron el estado de urgencia por un año y detuvieron a Aung San Suu Kyi, jefa de hecho del gobierno civil, y a otros responsables de la LND.
Los generales no emitieron ningún comentario sobre estas protestas.
El domingo por la tarde, se restableció de forma parcial el acceso a internet, tras estar bloqueado varios días, según la ONG especializada Netblocks.
El ejército había ordenado a los proveedores de internet bloquear Facebook, la red social utilizada por miles de birmanos, Twitter e Instagram.
Pocas horas después del golpe de Estado, en estas plataformas se lanzaron llamados de «desobediencia civil», a los que se sumaron abogados, funcionarios y médicos.
Entre tanto, los arrestos proseguían. Más de 160 personas han sido detenidas, según la Asociación de Asistencia a los Presos Políticos, con sede en Rangún.
Un asesor económico de la exdirigente, el australiano Sean Turnell, estaba retenido en su hotel.
«Estoy actualmente detenido y quizá acusado de algo», declaró el sábado a la BBC este profesor de la Universidad Macquarie en Australia. Se trata de la primera detención conocida de un extranjero desde el golpe.
Aung San Suu Kyi, en arresto domiciliario
Aung San Suu Kyi, de 75 años de edad, muy criticada hasta hace poco por la comunidad internacional por su pasividad en la crisis de los rohinyás, sigue siendo una figura querida en su país.
Los militares la acusan de haber infringido una ley comercial y se encuentra «bajo arresto domiciliario» en la capital Naypyidaw, «en buena salud», según un portavoz de la LND.
Las autoridades «deben garantizar que se respete completamente el derecho de reunión pacífico y que los manifestantes no serán sometidos a represalias», tuiteó la oficina de derechos humanos de Naciones Unidas tras las manifestaciones del sábado.
La ONU instó a la liberación de todos los detenidos pero no ha condenado formalmente el golpe de Estado en su declaración común ya que China y Rusia, apoyos tradicionales del ejército birmano en Naciones Unidas, se oponen.
Estados Unidos y la Unión Europea han enarbolado la amenaza de las sanciones.
Para justificar el golpe de Estado, el jefe del ejército, Min Aung Hlaing, que concentra ahora la práctica totalidad de los poderes, alegó «enormes» fraudes en las legislativas de noviembre, en las que la LND ganó por aplastante mayoría.
En realidad, los generales temen perder influencia tras la victoria de Aung San Suu Kyi, que se habría mostrado favorable a modificar la Constitución, muy beneficiosa para los militares.
Estos han prometido elecciones libres al final del estado de urgencia.