Una serie de asesinatos en Chilpancingo, la capital de Guerrero, México, culminó con el asesinato y decapitación de su alcalde, Alejandro Arcos Catalán, el domingo 6 de octubre, lo que marca una escalada extrema en la violencia con motivaciones políticas a manos del crimen organizado.
Al parecer, por la tarde, las autoridades encontraron los restos de Catalán: su cabeza estaba sobre una camioneta blanca y el resto del cuerpo en el vehículo. El alcalde recién elegido había asumido el cargo unos días antes, el primero de octubre.
Según se informa, Catalán había pedido protección gubernamental a la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, un día antes de su asesinato. Sabía que se había convertido en blanco de grupos criminales locales y temía por su vida tras una serie de asesinatos de funcionarios durante su breve administración.
La naturaleza desgarradora del asesinato de Catalán arroja luz sobre el estado de la gobernanza en Guerrero, donde el hampa de México ha podido penetrar los niveles más altos del gobierno, ya sea a través de la corrupción o la violencia.
¿Qué llevó al asesinato y posterior decapitación del alcalde?
El 3 de octubre, Francisco Gonzalo Tapia Gutiérrez, recién elegido secretario del Ayuntamiento de Chilpancingo, fue asesinado a balazos . Su cuerpo quedó tirado boca abajo en medio de la calle.
Días antes, el 29 de septiembre, Ulises Hernández Martínez, capitán del Ejército y siguiente designado como jefe de Seguridad de la ciudad, también fue asesinado junto con otras cuatro personas.
En declaraciones a Aztec Reports, el consultor de seguridad David Saucedo dio una posible explicación de los asesinatos.
“Sin duda, este asesinato tenía como objetivo impedir que el alcalde pudiera ejercer sus funciones de manera independiente. Y, para someterlo de antemano, habían asesinado al secretario del Ayuntamiento para doblegarlo”, afirmó.
Saucedo cree que uno de los muchos grupos criminales de la costa occidental de México persiguió al alcalde y su administración.
“Intuyo que hubo un rechazo a una petición del alcalde lamentablemente asesinado, y eso llevó a este desenlace fatal: su asesinato”, agregó.
Si bien es trágico, este nivel de violencia contra funcionarios estatales no es raro en Guerrero, que ha sido etiquetado como uno de los estados más peligrosos de México para funcionarios y políticos.
Una gobernanza criminal
En el período previo a las elecciones generales de junio, 31 candidatos políticos a cargos fueron asesinados en todo México, lo que las convirtió en los comicios más violentos de la historia del país. Ocho de los asesinatos ocurrieron en Guerrero.
“Es una forma de gobierno criminal: narcotraficantes que tienen en su nómina a funcionarios en Guerrero y grupos rivales que asesinan a esas autoridades controladas por sus enemigos”, explicó Saucedo.
Durante las elecciones de Chilpancingo, la principal rival de Catalán fue la candidata en el poder, Norma Otilia Hernández, del partido gobernante Morena.
A pesar de las grandes victorias de Morena en junio (el partido ganó la presidencia, la mayoría de las gobernaciones y el control de ambas cámaras del Congreso), Otilia Hernández perdió las elecciones ante Catalán después de que surgieran fotos de ella en un desayuno con Celso Ortega Jiménez, líder de los Ardillos, uno de los principales grupos criminales de la región y activo en Chilpancingo.
El asesinato de Catalán el fin de semana podría ser la reacción de uno de los 16 grupos criminales que operan en la región y que estaban en desacuerdo con el mandato del alcalde.
“En Guerrero tenemos señores feudales y grupos del narcotráfico que han tomado el control de regiones enteras del estado y son ellos quienes manejan a las autoridades locales”, dijo Saucedo. “Controlan la economía, establecen cuotas de extorsión para corporaciones de seguridad pública, participan en procesos electorales financiando candidatos e incluso asesinan a candidatos o autoridades que se les oponen”, agregó.
El padre de la gobernadora Salgado Pineda, senador Félix Salgado Macedonio, ha sido vinculado a grupos criminales, y su exsuegro, Joaquín Alonso Piedra, fue un supuesto socio del Cartel de los Beltrán Leyva.
El nivel de integración entre el crimen organizado y la clase política de Guerrero es tal que cualquier político puede convertirse en aliado o víctima del narcotráfico.
Tras el asesinato, resurgió en las redes sociales un video de Catalán en el que hablaba de su futuro como alcalde de la ciudad natal.
“Nací en esta ciudad, crecí aquí, estudié aquí, viví aquí toda mi vida, nunca me fui y aquí es donde quiero morir. Pero también quiero morir luchando por mi ciudad”, dijo.
Artículo escrito por Jorge Antonio Rocha en Aztec Reports.