El debate de 13 horas que terminó ayer en la madrugada en la comisión de la Cámara Baja de Brasil que analiza la apertura de un juicio político contra la presidente Dilma Rousseff dejó claro que los favorables al proceso son mayoría, y que pesan más los argumentos políticos que los jurídicos. De los 60 diputados que se pronunciaron en el debate, 39 defendieron la apertura del juicio. Tan solo 21 legisladores alegaron que no hay méritos jurídicos para abrir un proceso y que, en caso de que el Congreso prosiga con este, estaría impulsando un golpe. Apenas uno de los diputados se mostró indeciso. La sesión fue convocada para que los 65 miembros de la Comisión Especial se pronunciasen sobre el informe presentado por el diputado instructor, Jovair Arantes, quien consideró que existen méritos jurídicos para avanzar hacia la destitución de Rousseff por maniobras fiscales consideradas ilegales. El debate precedió la votación programada para mañana, en que los 65 diputados decidirán si aprueban el informe del instructor y le dan luz verde al proceso. Si se pronuncian en favor del proceso, el caso será remitido al plenario de la Cámara de Diputados, cuyos 513 miembros decidirán este mes si autorizan al Senado a someter a Rousseff a un juicio para destituirla.
