El Congreso de los Diputados, la cámara baja del Parlamento español, aprobó este jueves la polémica Ley de Amnistía que beneficia a quienes participaron en la fallida tentativa de independencia de Cataluña en 2017, una ley cuyo alcance es el siguiente:
Personas beneficiadas
Esta ley pretende poner fin a «las condenas y los procesos judiciales que afectan a todas las personas, sin excepción, que participaron en el proceso independentista» de Cataluña, en particular en la consulta simbólica organizada el 9 de noviembre de 2014, seguida del referéndum de autodeterminación del 1 de octubre de 2017.
Una vez promulgada (probablemente a principios de junio), permitirá levantar el procesamiento de cientos de activistas y dirigentes implicados en esta crisis política e institucional, la más grave de la España contemporánea. También permitirá anular las sentencias ya dictadas cuando haya habido juicio.
Según el ministro de Justicia, Félix Bolaños, en total beneficiará a unas 400 personas.
Período cubierto en la amnistía
El proyecto de ley cubre los hechos ocurridos entre el «1 de noviembre de 2011, cuando comenzaron a desarrollarse los hechos del proceso independentista, y el 13 de noviembre de 2023».
El período era inicialmente más corto, pero ahora se ha ampliado para incluir los dos últimos meses de 2011, cuando ya empezaron a darse hechos que acabarían desembocando en la declaración unilateral de independencia de Cataluña el 27 de octubre de 2017.
Delitos amnistiados
Con el fin de «garantizar la seguridad jurídica y la igualdad ante la ley», el texto enumera los delitos que abarca la amnistía, que van desde la organización del referéndum hasta las reuniones preparatorias y las manifestaciones de protesta contra el procesamiento de los responsables.
Uno de los puntos conflictivos -que obligó a reabrir las negociaciones tras el primer rechazo del texto por el Congreso a finales de enero- es la referencia al «terrorismo».
Los representantes de Junts per Catalunya, el partido de Carles Puigdemont, exiliado en Bélgica desde 2017, consideraron que la antigua versión no ofrecía las garantías necesarias para proteger a todos los afectados, empezando por su líder, huido de la justicia española pocos días después de la proclamación de independencia.
A finales de febrero, un mes después de la votación fallida, el Tribunal Supremo anunció la apertura de una investigación a Puigdemont por «terrorismo» como sospechoso de dirigir los disturbios de 2019.
Para evitar que sea anulada por el Tribunal Constitucional español o el Tribunal de Justicia Europeo, la nueva versión ha eliminado la referencia al Código Penal español y ha tomado como único criterio el derecho europeo, en este caso la Directiva Europea de 2017 y el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que tienen un concepto diferente de la noción de terrorismo.
Plazo de aplicación
Una vez promulgada la ley y remitido el asunto a los tribunales, estos dispondrán de un plazo máximo de dos meses para ordenar «la inmediata puesta en libertad de las personas beneficiarias de la amnistía que se hallaran en prisión», y para dejar sin efecto «las órdenes de busca y captura e ingreso en prisión de las personas a las que resulte de aplicación esta amnistía, así como las órdenes nacionales, europeas e internacionales de detención».
Justificación de la amnistía
La aplicación del Estado de derecho, «en ocasiones, no es suficiente para resolver un conflicto político sostenido en el tiempo», por lo que es necesario dar «un paso más en un camino difícil, pero a la vez valiente y reconciliador», afirma el texto.
Presentada desde el principio como una herramienta para la reconciliación, esta ley es sobre todo vital para el gobierno de izquierdas de Pedro Sánchez, pues era la condición que le impusieron los diputados independentistas catalanes para apoyar su investidura e iniciativas parlamentarias.