El Gobierno acelera en su voracidad intervencionista. La compra de hasta el 10 % de Telefónica por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), aprobada el martes por el Consejo de Ministros, supone un nuevo paso adelante del Ejecutivo de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz para controlar los principales resortes de la economía.
Un «afán evidente», como identificaron las patronales empresariales CEOE y Cepyme tras leer por primera vez el acuerdo de Gobierno entre PSOE y Sumar. Y es que cuando la SEPI complete la operación –pendiente aún de que el Ejecutivo decida de dónde saca los más de 2.000 millones que le costará– el Estado engrosará su plantel de más de una treintena de empresas participadas o controladas de forma directa o indirecta.
El Estado tendrá acceso a la cuarta compañía de telecomunicaciones más importante de Europa y la decimotercera a nivel mundial, con sus marcas Movistar, O2, Tuenti y Vivo y fuerte presencia en Europa e Iberoamérica. Cabe recordar que Telefónica ofrece servicios de telefonía fija y móvil, internet, televisión por suscripción y producción audiovisual, además de tecnologías punteras como la Inteligencia Artificial y servicios de IoT y transformación digital a través de Telefónica Tech.
Principales empresas bajo control estatal o con participación del Estado, a la espera de que se concrete el desembarco de la SEPI en el 10 % de Telefónica
Con este movimiento el Gobierno sigue los pasos que ya esbozara Yolanda Díaz en la toma de posesión de Pedro Sánchez, apostando por la SEPI como herramienta para intervenir en la economía «más allá de la financiación convencional». Por cierto que entonces la hoy vicepresidenta abogaba por desgajar el holding público del control de Hacienda, como paso imprescindible «para poder practicar una política industrial firme».
«No es un buen mensaje»
«No es un buen mensaje para los inversores el que se participa demasiado en las empresas», valoraba ayer Salvador Marín, del Consejo General de Economistas. En un acto abría distancias además con la participación que otros Estados tienen en compañías relevantes, uno de los argumentos esgrimidos por Hacienda para entrar 24 años después en el accionariado de Telefónica. «A veces se han hecho comparaciones con otros países, pero en esos países el Estado ya estaba. Aquí no, es ahora cuando se toma esa posición», aseguró.
Con la excusa de plantar cara al desembarco de la saudí STC, el Ejecutivo unirá Telefónica a las 25 compañías en las que participa o gestiona la SEPI, representativas en sectores clave como el servicio postal, la distribución alimentaria, la construcción naval o el sector financiero. Cerca de 80.000 empleados están actualmente bajo el control directo de la institución que preside Belén Gualda, que acumuló una facturación de 5.25 millones en 2022. Incluso tiene presencia –mínima– en el ámbito deportivo, con la gestión del Hipódromo de la Zarzuela, en la que también participa Loterías y Apuestas del Estado, dependiente a su vez de Hacienda.
Compañías estratégicas
Bajo su paraguas queda la gestión de empresas clave para el funcionamiento del país como Ebro Foods, de la que posee el 10,36 %, Enagás (5 %), Redeia (la antigua Red Eléctrica, de la que controla un 20 %), Radio Televisión Española o incluso IAG, siendo varias de ellas integrantes, como Telefónica, del selectivo Ibex-35.
El Gobierno posee amplios poderes sobre estas compañías, como demuestra el nombramiento, esta misma semana, del ex ministro y ex astronauta Pedro Duque como presidente de Hispasat. El accionariado de la empresa satelital es una muestra del entramado societario que acaba llevando hasta el Consejo de Ministros: mientras que la SEPI posee un 7,41 % de forma directa, un 89,68 % restante es de Restel, filial de Redeia (presidida por la ex ministra de Vivienda, Beatriz Corredor), controlada a su vez de forma mayoritaria por la propia SEPI. El 2,91 % restante es del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, una empresa pública dependiente a su vez del Ministerio de Ciencia.
En términos de facturación la principal compañía del holding público es Correos, dirigida por el cuestionado amigo de Pedro Sánchez Juan Manuel Serrano, que acumula unas pérdidas de 1.000 millones en cinco años. Supone cerca del 40 % del total de la facturación de la SEPI, seguida de los astilleros Navantia.
Sin embargo, la joya de la corona emergente es Indra. Los movimientos en el accionariado de la estratégica empresa de Transportes y Defensa se han acumulado en los últimos meses, con la compra del 8 %, por parte de Escribano, el mes pasado, como último exponente. La compañía, presidida por Marc Murtra, ex director de gabinete del ministro socialista Joan Clos, fue protagonista de un movimiento en el que fuentes empresariales ven un precedente para la posterior evolución de Telefónica. «Es un ejemplo más de la querencia populista de controlar el sector público», aseguran.
En febrero de 2022 la SEPI anunció su intención de incrementar hasta el 28 % su capital, después del rechazo del consejo a nombrar a Murtra presidente ejecutivo. Pocos meses después, en junio, Amber Capital –comandado por el presidente de Prisa, Joseph Oughourlian–, junto con la empresa de defensa vasca y la propia Sepi destituían a cuatro de los ocho consejeros independientes; dos más dimitirían en los siguientes días.
Un movimiento que motivó que incluso la CNMV abriera una investigación, en la que dejó claro que la SEPI, Sapa y Amber «cooperaron para llevar a cabo los ceses, con una participación activa del presidente de Indra, con quien varios de los consejeros cesados mantenían discrepancias persistentes en materia de gobernanza». El regulador, no obstante, acabó concluyendo que «no existen indicios suficientes que permitan considerar dicho acuerdo como una acción concertada para el control de la gestión».
Al margen de la SEPI, el Estado gestiona también grandes compañías clave para la gestión de las infraestructuras del país. Es el caso, por ejemplo, del administrador de infraestructuras ferroviarias Adif; la gestora Renfe, Aena (cuyo 51 % pertenece a Enaire) o Puertos del Estado, dependientes todas ellas del ministerio de Transportes y colonizadas por cargos cercanos al PSOE o al PSC como Maurici Lucena o Raül Blanco.
Caso aparte es el de CaixaBank. El Estado continúa en posesión, a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), del 17,32 % de la entidad. Una herencia del rescate público a Bankia, con la que Caixa se fusionó en marzo de 2021 y que el Estado, por ahora, sigue resistiéndose a retornar a manos privadas.
Rescates y Celsa
Más allá de su control directo o indirecto, el Ejecutivo también ha canalizado a través de la SEPI los rescates a empresas privadas golpeadas por la pandemia, como Air Europa, o las hoteleras Soho, Grupo Abades, Grupo Abba, la empresa de restauración Mediterránea, Rugui Steel y Grupo Ferroatlántica. Y, en otro ejemplo insólito, el pasado 5 de octubre el Ejecutivo, entonces en funciones, daba otra muestra de cómo tomar partido en la economía, pactando con los fondos acreedores de Celsa la toma de control de la siderúrgica catalana. Una operación que Moncloa podría haber vetado acogiéndose al escudo anti OPAS, vigente hasta 2024.
La clave en el caso de Telefónica, consideran los expertos, será precisamente si el Estado busca participar en la gestión de la compañía o simplemente se limita, como prometen desde el Ejecutivo, a asegurar su estabilidad y proteger su carácter estratégico. «Una cosa es entrar en una posición y otra participar en la gestión. Aquí va apoyado en lo primero y lo segundo no tiene por qué alterarlo», consideraba ayer Patricio Rosas, del Consejo General de Economistas.
«Esta decisión es coherente con la estrategia del gobierno de tener una mayor participación y poder de decisión en compañías estratégicas, tal y como sucedió en Indra», valoraba ayer Iván San Félix, analista de Renta4. «Con esta participación, la SEPI sólo debería poder contar con un consejero (del total de los 15) con lo que su poder de control debería ser muy limitado», destacaba.
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El experto incidía también en que «a medio y largo plazo consideramos que lo mejor para la compañía es que el actual equipo directivo y el consejo mantengan la independencia actual y que cualquier percepción de interferencia «política» será mal interpretada por unos inversores que a partir de ahora incluirán a todos los españoles». Bankinter, por su parte, aseguraba que «habrá que vigilar qué efecto tiene la entrada de capital público en el grupo tanto en el plan estratégico como en la posible reacción adversa de inversores privados».
Asignatura pendiente
Sobre la mesa, poner en marcha una verdadera política industrial estratégica, siguiendo el ejemplo de Francia con sus centrales nucleares, consideran los expertos, si bien otras fuentes consideran que Sánchez tenía otras herramientas más allá del intervencionismo puro y duro, como el veto parcial a la operación de STC escudándose en los contratos de Telefónica con Defensa o poner limitaciones a través del BOE.
«Si el Gobierno adquiere un 10 % de Telefónica es por que quiere», en palabras del portavoz económico del PP, Juan Bravo, que criticó lo que el principal partido de la oposición considera «una ocupación del sector privado» por parte del Gobierno. «Telefónica tiene un enorme liderazgo tecnológico y es estratégica para nuestro país», justificó por su parte la vicepresidenta y ministra de Hacienda, Maria Jesús Montero. «Yo creo que pudiera haber otras decisiones que hubieran protegido de la misma manera de la entrada de capital extranjero», coincidía Antonio Garamendi, presidente de CEOE, en declaraciones a Espejo Público, que apuntaba también a la hiperregulación que sufre el sector de las telecomunicaciones.
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