Las empresas públicas cubanas contarán con más independencia del gobierno, aunque serán tuteladas por el Consejo de Ministros, tras la entrada en vigor este miércoles de nuevas normas que buscan mejorar la gestión y eficiencia del tejido económico del país.
Con las nuevas reglas que se plasman en un Decreto de Ley, el diario estatal Granma anunció que: “Se avanza en el perfeccionamiento del sistema empresarial y se dota a las empresas de mayor autonomía en busca de un sistema empresarial más organizado, eficiente y eficaz».
Las medidas llegan en un momento de tensión económica para Cuba, afectada por la crisis en Venezuela, la caída de los precios de sus exportaciones, los estragos del huracán Irma, el enfriamiento de las relaciones con EE UU y la llegada al poder de Donald Trump.
La excesiva burocracia y subordinación de las empresas cubanas a las estructuras estatales han sido uno de los principales frenos para su desarrollo y ha afectado a la percepción que los inversores extranjeros tienen del país, según reconoció el gobierno en más de una ocasión.
Granma recordó que en 2011, durante el sexto Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC), se aprobaron directrices sobre: «La separación de las funciones estatales de las empresas, mediante un proceso paulatino y adecuado para lograr que el sistema empresarial del país esté constituido por instituciones eficientes, bien organizadas y eficaces».
Cinco años después, en el séptimo congreso del PCC, se reconoció la necesidad de avanzar en el perfeccionamiento del sistema empresarial, en el que se otorgó gradualmente a las direcciones de las entidades nuevas facultades.
Esas intenciones se han plasmado actualmente con unas normas que eliminan la dispersión legislativa existente que se extiende a todas las empresas estatales del país con el llamado »perfeccionamiento empresarial», que consiste en mayores facultades a los directivos de las compañías y delimitación con la precisión de la labor de las Organizaciones Superiores de Dirección Empresarial (OSDE).
El diario explicó que las OSDE ejercerán sobre las empresas funciones de dirección y control, pero sin intervenir en su gestión y bajo un estricto respeto de su autonomía.
Según recoge el nuevo reglamento, entre las funciones de los ministros con respecto a sus organismos, están por evaluar sus resultados económicos, controlar el proceso inversionista y la transferencia de tecnología desde y hacia el exterior.
Los ministros vigilarán las afectaciones económicas provocadas al país por las empresas que integran cada OSDE a su cargo, incluyendo sus operaciones de comercio exterior y coordinarán la aplicación de la política de la inversión extranjera, la colaboración y sus resultados.
Estas nuevas políticas forman parte del proceso de actualización del modelo socialista impulsado en la última década por Raúl Castro, que también ha incluido la ampliación del trabajo por cuenta propia y el reciente reconocimiento de la empresa privada, aunque todavía con importantes limitaciones.