La pregunta de cuántas personas viven en situación de irregularidad en España es muy difícil de responder por la propia naturaleza del fenómeno, pero los últimos estudios y datos de las entidades que atienden a estos inmigrantes apuntan a que son cientos de miles.
La red Esenciales, promotora de la iniciativa legislativa popular (ILP) para la regularización extraordinaria de inmigrantes, que recabó más de 600.000 firmas de apoyo y consiguió que el Congreso comenzara esta semana el trámite parlamentario, calcula que son unas 500.000 personas, 81% latinoamericanas, con preeminencia de mujeres.
«Me siento muy tranquilo diciendo que la estimación muy posiblemente ha vuelto otra vez al cerca de medio millón de personas», señaló en una entrevista con EFE el director de Investigaciones de la Fundación Por Causa, uno de los impulsores de Esenciales, Gonzalo Fanjul.
Las cifras «tocaron el suelo» al final de la gran crisis en España en 2014 y, a partir de entonces, «crecieron de manera acelerada» hasta un pico en 2019 para volver a caer en la pandemia: «y lo previsible(…) es que eso haya vuelto a repuntar después», explica Fanjul.
Según estas fuentes, en torno al 12% de los migrantes de fuera de la Unión Europea (extracomunitariols) que viven en España están en situación administrativa irregular.
La forma en la que la entidad ha llegado a esos datos es comparando las cifras del padrón y los permisos de residencia oficiales y cruzándolos con otros como la Encuesta de Población Activa o las afiliaciones a la Seguridad Social.
Las entidades sociales que atienden a estos migrantes también dan pistas sobre la dimensión del fenómeno: solo Cáritas atendió a unas 500.000 personas en situación irregular en 2022, un 43 % más que en 2019.
Una madre joven latinoamericana, el rostro de la inmigración irregular
Según datos de la red Esenciales, 81% del colectivo son personas latinoamericanas, con preeminencia de mujeres, jóvenes y con niños; calculan que en España 112.000 menores de 16 años se encuentran en la irregularidad.
Este perfil rompe con algunos estereotipos, según subraya el coordinador del partido Por un Mundo Más Justo y uno de los principales promotores de la ILP, Jorge Serrano.
«Tenemos que quitarnos la imagen que tenemos de que toda la inmigración irregular son personas que están saltando la valla (frontera de las ciudades de Ceuta y Melilla con Marruecos) o vienen en pateras (embarcaciones precarias), (…). La realidad es que el perfil típico es una mujer de entre 25 y 35 años, muchas veces con niños a su cargo, que generalmente trabaja en el servicio doméstico», explica el activista.
El año pasado hubo un repunte de llegadas irregulares en España del 82,1%, sobre todo por las pateras arribadas a las Islas Canarias (Atlántico) desde África, pero esta peligrosa vía de entrada sigue siendo minoritaria entre la población migrante que vive en la irregularidad en España.
Lo más habitual es que entren al país por el aeropuerto de Madrid y, al finalizar su permiso de turista, caigan en una situación de «irregularidad sobrevenida».
El arraigo es la vía para salir de la irregularidad
El mecanismo que contempla la ley española para que una persona migrante pueda regularizar su situación es el arraigo.
Se puede conceder porque la persona interesada lleva viviendo en España tres años, porque tiene una relación laboral o ciertos vínculos familiares en el país o, desde el verano desde 2022, porque se compromete a realizar una formación reglada para una ocupación específica.
Según un informe del Ministerio Migraciones, a 31 de diciembre de 2023, 210.334 personas en España contaban con este tipo de autorización.
De ellas, 9% había obtenido previamente algún tipo de permiso y después cayó en la irregularidad y el resto no tuvo ninguna autorización previa en España.
En comparación con el año anterior, estos permisos aumentaron 68%, especialmente los del arraigo familiar.
Las nacionalidades más representadas son Colombia (46.499) y Marruecos (35.079), con un crecimiento en el último año del 80% y 76%, respectivamente.