En los últimos días se ha desatado un intenso debate sobre el papel de la Corte Penal Internacional (CPI) como un árbitro independiente, luego de que el fiscal Karim Khan solicitó emitir una orden de arresto para el primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu por crímenes de guerra y delitos contra la humanidad.
El anuncio realizado por la CPI se hizo en el marco de la investigación que que realiza el máximo tribunal de Naciones Unidas para determinar si Israel ha cometido genocidio durante su el conflicto de siete meses contra Hamás en la Franja de Gaza.
La acción de Khan el lunes, que también incluyó solicitudes para arrestar al ministro de Defensa de Israel y a tres dirigentes de Hamás, fue bien recibida por los defensores de derechos humanos.
Sin embargo, Netanyahu comentó a la cadena ABC News que la decisión de Khan convertía a la CPI en una institución marginada.
En Estados Unidos, país aliado de Israel, senadores republicanos han amenazado con imponer sanciones contra el personal de la CPI. Mientras que el secretario de Estado Antony Blinken dijo que la corte, con sede en La Haya, no tiene la jurisdicción en el conflicto.
Blinken también dijo que era extremadamente erróneo que el fiscal equiparara a los funcionarios israelíes con los dirigentes de Hamás que busca procesar.
Aseguró el martes que el gobierno estadounidense trabajará con el Congreso para elaborar una respuesta adecuada, según AP.
Khan advirtió que los intentos de interferir en la labor de la CPI constituirían un delito en virtud de su tratado constitutivo, el Estatuto de Roma. Sin embargo, la advertencia puede no tener mucho peso, ya que las potencias mundiales, incluidos Estados Unidos, Israel, China y Rusia, no son miembros de la corte y no reconocen su jurisdicción.
Algunos palestinos consideraron que las solicitudes de Khan no iban lo suficientemente lejos.
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