Los cruces irregulares de migrantes en la frontera sur de Estados Unidos disminuyeron 50% en enero, según informó este martes la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).
El mes pasado, las autoridades estadounidenses reportaron 124.220 detenciones de migrantes que intentaron cruzar hacia Estados Unidos desde México de manera irregular, es decir, sin presentarse en un puerto de entrada.
La CBP atribuye esta caída a tendencias temporales y mayores «esfuerzos» de las autoridades de otros países, como México, y de los propios funcionarios estadounidenses, para frenar el movimiento de personas, según señaló el comisionado interino de la agencia, Troy Miller, en un comunicado.
No obstante, Miller resaltó que las autoridades migratorias en Estados Unidos siguen «experimentando serios desafíos a lo largo de la frontera que sobrepasan la capacidad del sistema de inmigración».
Las personas de nacionalidad mexicana representaron poco menos de la mitad de las detenciones, con 46.274 arrestos reportados a CBP. Le siguieron los guatemaltecos, con 19.572 detenciones y en tercer lugar los ecuatorianos, con 7.602 arrestos.
El Gobierno de Joe Biden ha intentado restringir el acceso al asilo en la frontera sur, imponiendo el uso de una aplicación móvil llamada CBP One como la principal vía legal para solicitar esta protección en la frontera.
En enero, 45.000 personas pudieron acudir a un puerto de entrada para solicitar asilo usando CBP One, que solo concede 1.450 citas al día para toda la frontera, según los datos publicados este martes.
La reducción de cruces irregulares en enero llega después de que en diciembre se registrara una cifra récord de detenciones de migrantes en la frontera, con mas de 240.000 arrestos.
La inmigración por tierra ha estado en el centro de la política en Washington en los últimos meses, donde el Partido Republicano ha criticado la política fronteriza del Gobierno de Biden, a pesar de las restricciones que ha impuesto.
Es tanto así que en Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, ha intentado llevar a juicio político al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, acusándolo de haber violado la «confianza pública» y estar negándose a cumplir con la ley de Estados Unidos.