El juicio contra Cristina Kirchner, acusada de corrupción junto a otras doce personas, entró este lunes en su tramo final. La vicepresidenta de Argentina, de 69 años de edad, está acusada de haber favorecido al empresario Lázaro Báez en la adjudicación de licitaciones de obras públicas en la provincia de Santa Cruz cuando fue presidenta, entre 2007 y 2015.
Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola aseguraron que las relaciones comerciales que la vicepresidenta de Argentina mantuvo con Báez eran actos ilegales que encubrían el retorno de «ganancias ilícitas».
Sin embargo, la expresidenta se defendió este martes en una carta en la que señaló veinte supuestas mentiras de la causa, entre las cuales mencionó su relación con el contratista K. En el texto, redujo los acuerdos comerciales millonarios a “intercambio de prestaciones recíprocas”, y negó ser socia del dueño del Grupo Austral.
La periodista Lucía Salinas señaló en su nota para el Clarín que entre las transacciones que concretaron Cristina Kirchner y Lázaro Báez durante los años en que ella y su esposo gobernaron el país están terrenos, casas, ampliación de hoteles, alquiler de inmuebles, alquiler de hoteles, préstamos millonarios, un terreno en condominio, compraventa de propiedades, entre otros.
Pese a ello, el abogado de Kirchner, Carlos Beraldi, dijo sobre los múltiples y millonarios acuerdos comerciales celebrados con la empresa que ganó 51 licitaciones viales: «Uno alquilaba y el otro pagaba».
Mientras Austral Construcciones se imponía en cuanta licitación se presentaba, la firma de Báez pagó sólo en concepto de alquileres 40 millones de pesos a los expresidentes. Además, permutó 1 terreno tasado en 14,7 millones de pesos con la vicepresidenta y compró 10 propiedades por 2 millones de dólares.
Para esos intercambios, el abogado de la vicepresidenta tuvo otra definición: «No fueron retornos, fueron negocios privados».
Cristina por su parte acusó a los jueces de ser un «pelotón de fusilamiento». Reiteró que ya tienen escrita la sentencia condenatoria y reiteró que quienes la acusaron «deberán responder preguntas».
«Difamaron, mintieron, denostaron, sobre mí y sobre nuestro gobierno», insistió, y estimó que el juicio tiene «un objetivo disciplinador de la clase política», en especial contra su «espacio político», es decir el peronismo de centro izquierda.
En 20 minutos de intervención, Kirchner se dirigió desde su despacho del Senado en forma virtual al tribunal. Una decena de manifestantes cubrió las rejas de ingreso a los tribunales con afiches que pedían la cárcel para la expresidenta, a la vez que un puñado de sus seguidores le expresó respaldo a las puertas del Senado.
Contratos viales, la principal fuente de ingreso de Austral Construcciones
La fiscalía ha dicho que una vez transferidos los fondos públicos a manos de Lázaro Báez, «se inició una etapa posterior en la cual una porción de ese dinero atravesaría el camino inverso en favor de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner pero esta vez en una faceta privada, a través de maniobras de lavado de activos a partir de la actividad hotelera y el alquiler de propiedades».
Durante 12 años, los contratos viales fueron la principal fuente de ingreso de Austral Construcciones y sus firmas satélites, pues único cliente de la empresa, entre 2003 y 2015, fue Estado nacional.
La periodista Lucía Salinas aseguró en su nota que Lázaro Báez pagaba mes a mes diversos acuerdos comerciales de locación de propiedades y hoteles a la familia Kirchner.
Como ejemplo mencionó que en diciembre del año 2007, Austral le prestó a los expresidentes 8.329.596,60 pesos. Esos fondos permitieron concretar la adquisición de Hotesur, dueña del hotel Alto Calafate en febrero de 2008. mientras que en mayo del mismo año, firmaron un contrato de locación con Valle Mitre, propiedad de Báez.
Desde 2009 a julio de 2013, el empresario pagó a la expresidenta 27.592.110 pesos a través de Valle Mitre, por la explotación del hotel Alto Calafate, la hostería Las Dunas (que originalmente perteneció a Lázaro Báez y la vendió a los Kirchner para después alquilarlo) y La Aldea de El Chaltén, que se construyó sobre un terreno a nombre del dueño del Grupo Austral.
El alquiler del Alto Calafate incluyó otro valor significativo: entre 2010 y 2011, 50% de lo facturado por el complejo turístico fue gracias a seis empresas de Báez que alquilaron habitaciones y el salón de conferencias del lugar. Una misma caja. Abonó más 6.829.240 pesos hasta 2013, después pagó 2.937.672 pesos.
A esos acuerdos, que para la defensa sólo fueron negocios del ámbito privado, se debe sumar el alquiler de habitaciones por parte de siete empresas del Grupo Austral, garantizando ingresos por 11 millones de pesos. Muchas de esas habitaciones, además, jamás se usaron.
Pero, la vicepresidenta señaló que es «falso que tales contratos representen supuestos retornos en favor de la familia Kirchner, pues son actos en los cuales se intercambian prestaciones reciprocas».
«La simple lectura de los documentos incorporados a la causa muestra que jamás existió una relación de sociedad entre NK, CFK y Lázaro Báez», añadió la vice en su punteo de «mentiras».
Fase final
La Fiscalía pidió contra Kirchner una condena de 12 años de prisión y la inhabilitación política perpetua.
Entre los 12 acusados restantes están Julio de Vido, exministro de Planificación; José López, exsecretario de Obra Pública; y el propio empresario Lázaro Báez.
En el proceso, el tribunal escuchó a 114 testigos en 117 audiencias. El tribunal fijó para el próximo 6 de diciembre la audiencia en la cual se dará a conocer el veredicto.
En paralelo avanza una causa por el atentado fallido que sufrió Kirchner el 1 de septiembre, cuando al llegar a su domicilio en Buenos Aires un hombre apretó dos veces el gatillo de una pistola muy cerca de su cabeza, sin que el arma llegase a dispararse.
El atacante accedió a la vicepresidenta colándose entre decenas de simpatizantes que todas las noches la esperaban para expresarle su apoyo, después del pedido de condena de la Fiscalía.