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Cristina Kirchner y el pedido de condena: «Estoy ante un pelotón de fusilamiento mediático-judicial»

por Avatar GDA | La Nación | Argentina

Luego de que Diego Luciani pidiera que Cristina Kirchner sea condenada a una pena de prisión efectiva de 12 años de prisión e inhabilitada de por vida a ejercer cargos públicos, la vicepresidenta acudió a las redes para fustigar la decisión de la justicia.

“Si algo faltaba para confirmar que no estoy ante un tribunal de la Constitución, sino ante un pelotón de fusilamiento mediático-judicial, es impedirme el ejercicio del derecho de defensa ante cuestiones que nunca figuraron en el acto de acusación del fiscal al que asistí durante 5 días en mayo de 2019”, escribió Kirchner en su perfil de Twitter.

Y anunció: “Por ello mañana a las 11, a través de mis redes voy demostrar, justamente, por qué me están prohibiendo hablar en el juicio después del obsceno guion que montaron los fiscales”.

El anuncio de Cristina Kirchner llegó después de que el Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) resolviera rechazar “in limine” la exigencia de la defensa de la vicepresidenta. Esta mañana, Carlos Beraldi solicitó a los magistrados que su representada declarara en indagatoria en el juicio del caso Vialidad para responder a las acusaciones -según ella, “montadas” para esconder la “falta de pruebas”- de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola.

El pedido de Luciani

En el cierre de alegatos, que se extendió durante más de ocho horas, Luciani pidió que Cristina Kirchner sea condenada a pena de prisión efectiva de 12 años de prisión al acusarla de ser jefa de una asociación ilícita agravada por su calidad de jefa y de administración fraudulenta agravada por su condición de funcionaria, en concurso real.

Así, en su última jornada de alegatos por la causa Vialidad, Luciani solicitó que la vicepresidenta sea inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos y que su fortuna sea decomisada hasta la suma de al menos 5.321 millones de pesos. “Señores jueces, este es el momento. Es corrupción o justicia”, interpeló al tribunal.

“Atenta contra el sistema democrático quien incurre en grave delito doloso que implique enriquecimiento”, recordó Luciani y por eso dijo que en el juicio quedó exhibida “la matriz de corrupción más evidente de los últimos 40 años” y que la corrupción no tiene fronteras ideológicas.

La defensa a Cristina Kirchner

Instantes después de conocerse el pedido de Luciani, el presidente Alberto Fernández publicó un comunicado en nombre del gobierno nacional a través de las redes. El texto fue reproducido por múltiples funcionarios oficialistas, entre ellos el ministro de Economía Sergio Massa, quien pese a cuestionar a la justicia, no nombró a Cristina Kirchner.

El jefe de Gabinete, Juan Manzur, también difundió el mismo comunicado en nombre del gobierno nacional. “Como jefe de Gabinete y peronista, quiero expresar mi más enérgico repudio a la acusación sin sustento jurídico ni pruebas materiales, presentada por la fiscalía en contra de la expresidenta Cristina Kirchner durante el ejercicio de su mandato constitucional”, manifestó en Twitter.

Ayer, el bloque de diputados del Frente de Todos (FdT) también emitió un comunicado para manifestar su apoyo a Cristina Kirchner. Los parlamentarios oficialistas acusaron a la justicia de perseguir a la vicepresidenta, y se sumaron así a los más de 500 intendentes que esta mañana difundieron una carta de apoyo a la expresidenta.

“Desde hace décadas, líderes populares en Argentina son estigmatizados a partir de falsas denuncias construidas en su contra”, aseguraron los parlamentarios en el comunicado difundido esta tarde por los canales oficiales del partido oficialista.

El comunicado del gobierno

“El gobierno Nacional condena la persecución judicial y mediática contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner que quedó expresada hoy, una vez más, en el alegato final y pedido de pena en la denominada Causa Vialidad.

Tal como expresó el presidente Alberto Fernández en reiteradas ocasiones la persecución judicial avalada y promovida por distintos medios de comunicación, la tipificación abusiva de la figura de la asociación ilícita, la imposición de la prisión preventiva como pena anticipada, la acusación fundada en responsabilidades objetivas y la aplicación del derecho penal de autor, son todos aspectos que contradicen la dogmática del derecho penal aplicable en una República fundada en el Estado de Derecho.

Ninguno de los actos atribuidos a la expresidenta ha sido probado y toda la acusación que se le carga se refiere únicamente a la función que ejercía en ese período lo cual degrada lastimosamente los más elementales principios del Derecho Penal moderno.

El gobierno reitera su adhesión al principio constitucional de inocencia y a la plena vigencia del funcionamiento democrático de la justicia, el derecho de defensa y la igualdad ante la ley y seguirá bregando por una reforma judicial que garantice estos valores para todos y todas.

Asimismo, expresa su solidaridad con la vicepresidenta frente a esta persecución y búsqueda de proscripción que se enmarca en intentos similares llevados adelante contra otros líderes populares cuando la justicia se pone al servicio de poderes fácticos.

Finalmente, el presidente Alberto Fernández desea señalar que, desde lo personal, “hoy es un día muy ingrato para alguien que, como yo, se ha criado en la familia de un Juez, se ha educado en el mundo del derecho y enseña Derecho Penal hace más de tres décadas” y vuelve a transmitir su más profundo afecto y solidaridad a la Vicepresidenta”.

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