“Espero que en Costa Rica triunfe la democracia política y electoral nacional y que se fortalezcan los derechos civiles y políticos de los ciudadanos”, señaló Vladimir de la Cruz, embajador de ese país en Venezuela entre 2008 y 2010. Costa Rica elige el domingo a su próximo presidente entre 25 candidatos, un número inédito en una de las democracias más sólidas de América Latina que, tras buscar alternativas, vuelve a mirar a los partidos tradicionales para garantizar su histórica estabilidad, indicó AFP.
Encabeza las preferencias el expresidente José María Figueres (1994-1998), del centroizquierdista Partido Liberación Nacional (PLN), con 17,01% del apoyo ciudadano, seguido por Lineth Saborío del PUSC (Partido Unidad Social Cristiana), con 12,86%.
Si ningún candidato logra 40% de los votos en los comicios del 6 de febrero, habrá un balotaje el 3 de abril, con los dos primeros lugares.
Académico, historiador, docente universitario, embajador en Venezuela, Vladimir de la Cruz fue candidato a la presidencia en 1998, 2002 y 2006. Ha publicado más de 20 libros. Actualmente es miembro del Consejo Universitario de la Universidad Estatal a Distancia.
Desea que quien asuma la presidencia procure la mayor felicidad posible y la mejor solución de los graves problemas sociales y económicos que tiene el país.
“Un aspecto interesante e importante del proceso electoral costarricense es que toda la Fuerza Pública policial, desde el día que se abre la campaña electoral hasta que termina se somete en mando al Tribunal Supremo de Elecciones”, indicó Vladimir de la Cruz
Democracia en Costa Rica
―Costa Rica decide por elecciones este domingo el cambio de gobierno. ¿Cuál es la característica más importante de este proceso electoral?
―La característica más importante de las elecciones en Costa Rica es el verdadero carácter democrático que tienen. Primero, es que tienen una tradición de más de 100 años con partidos políticos, que surgieron para estos efectos en 1890, y que solamente por medio de partidos políticos, desde ese año, se puede aspirar a ser electo a puestos de representación popular, en el Poder Ejecutivo, la Presidencia, en el Poder Legislativo, los diputados, y en poder municipal, los consejos municipales y distritales. Segundo, han sido procesos electorales y ejercicio de gobiernos de cuatro años estables. Desde ese año solo en dos ocasiones se ha alterado la continuidad y estabilidad electoral, con el golpe de estado de 1917, cuyo dictador fue derrocado en 1919, y recuperado el proceso democrático, y en 1948, cuando frente a un supuesto fraude electoral y el no reconocimiento del triunfador en la elecciones, se produjo un levantamiento armado que condujo a una Junta de Gobierno, resultante de un golpe de estado, por dos años. Desde 1949 se ha mantenido la estabilidad político electoral, de cambio de gobierno cada cuatro años. Tercero, el desarrollo de una institucionalidad democrática que garantiza estos procesos político electorales, las leyes electorales y un Tribunal Electoral, con rango de Poder Público, independiente, quien tiene la potestad de organizar, administrar todo el proceso electoral y declarar el resultado sin que pueda ser apelado ni cuestionado. Cuarto, en la ciudadanía que participa que es la que tiene en su manos todo el proceso electoral, desde el traslado de la papelería electoral, casi 15 días antes de la elección, que entrega el Tribunal, hasta las mesas electorales el día de elección, y que al cierre de elección realiza el conteo de votos de manera contundente, y regresa la papelería electoral, ya hechas las votaciones, con las respectiva actas al Tribunal. Quinto, la cultura y educación cívica de los costarricenses que creen, confían y validan estos procesos electorales, respetando los resultados, cualquiera que sean.
―¿Permite el sistema electoral la reelección?
―En el siglo XIX se permitía la reelección continua de diputados y de presidentes. La última de presidentes se hizo en el período 1894-1902. La reelección continua de diputados se mantuvo hasta 1948. Desde 1949 se permite la reelección alternativa de presidentes y de diputados. Significa que si quieren volver a reelegirse deben dejar pasar ocho años los presidentes y cuatro años los diputados. Se permite la reelección continua de partidos políticos, con diferentes candidatos. En toda la historia electoral de este período, desde 1890, no ha habido nunca un mismo partido político gobernando tres veces consecutivas el Poder Ejecutivo. En este momento ese es el reto del actual partido gobernante, que ya lleva dos períodos de gobierno seguidos. Esto también contribuye a afirmar el proceso democrático y de participación ciudadana.
―¿Cuándo fue creado el Tribunal Supremo Electoral?
―El actual tribunal surgió en 1946. Ese mismo año se aprobó el Código Electoral que llegó hasta 2009, cuando se hizo una nueva legislación electoral. Los miembros del Tribunal son magistrados electorales, que los elige la Corte Suprema de Justicia por períodos de 6 años, con posibilidad de reelección consecutiva. Durante el período de elecciones se aumenta en tres magistrados más.
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―¿Es confiable el sistema electoral?
―El Registro Civil de Costa Rica se estableció en 1888. Desde entonces el Estado lleva el control de nacimientos, estado civil y muerte de los ciudadanos. Desde 1948 se adscribió al Tribunal Supremo de Elecciones el Registro Civil y es el instrumento de mayor confiabilidad para las elecciones. Allí se lleva día a día el control, el movimiento de nacimientos y defunciones, y con ello del padrón electoral, quién entra y quién sale de las listas electorales. A los ciudadanos se les da la cédula partir de los 18 años. Los muchachos que cumplen 18 años el mismo día de votación pueden recibir la cédula si así lo solicitan al Tribunal Supremo de Elecciones. Esta información el Tribunal la pone en conocimiento de los partidos políticos trimestralmente, con informes que se les envían. Además toda la información es pública y de acceso de cualquier ciudadano. Con este Tribunal, en los procesos electorales desde 1953, hasta ahora, nunca ha habido una sola irregularidad, ni un solo escándalo relacionado con el manejo de las tulas, los sacos donde se entrega la papelería electoral, ni con motivo del resultado electorales. Es totalmente confiable el sistema electoral y no se puede alterar en nada desde el momento en que se convoca a elecciones. Un año antes el Tribunal publica el Calendario de actividades, desde los procesos de inscripción de partidos, de candidatos hasta el día de elecciones y proclamación oficial de los resultados sin que se pueda cambiar nada. Los partidos políticos y candidatos tienen reglas electorales fijas, que no pueden cambiarse a capricho de autoridades políticas del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo o de las mismas Electorales. Eso da una gran confianza. El mismo día de las elecciones tampoco puede alterarse el ciclo electoral. Las urnas para votaciones se abren a las 6:00 am y se cierran a las 6:00 pm. No se pueden mantener abiertas después de esa hora ni se puede dar una instrucción del Poder Ejecutivo o del Tribunal Electoral para que sigan funcionando después de las 6 pm. El que no votó a esa hora se queda sin votar. Las mesas electorales están a cargo de ciudadanos que representan a los partidos políticos, que pueden nombrar “miembros de mesa” en todas las mesas electorales. Solo estos miembros pueden estar en la apertura y cierre de las mesas electorales. De todo el proceso se hacen actas, una oficial y copias de la misma. La oficial, la que se envía al Tribunal con todos los incidentes ocurridos en la Mesa durante el día de votaciones y con el resultado final de los comicios, las copias, una para cada miembro de mesa, de cada uno de los partidos políticos que allí han estado, como un elemento de control. Lo que se establezca en esa cuenta final de votos, con su respectiva acta, es la que fundamenta los datos finales de votación, que generalmente, dos o tres horas después de cerradas las votaciones, en acto público por televisión y radio, el Tribunal va leyendo las actas recibidas e informando sobre los resultados, que permiten a las 10:00 pm u 11:00 pm hacer una declaratoria provisional de los resultados y del nuevo presidente. En las mesas electorales hay también un auxiliar del Tribunal Supremo de Elecciones, colaborando. Los partidos que no tienen fiscales o miembros mesa pueden nombrar fiscales generales que pueden asistir al recinto electoral pero no participan en el conteo de votos, aunque puedan estar como testigos. En los recintos electorales, donde están las mesas de votos solo pueden estar los miembros de mesa y los votantes, uno a uno, emitiendo sus votos. No pueden haber más votantes que el número de mesas receptoras. Un aspecto interesante e importante del proceso electoral costarricense es que toda la Fuerza Pública policial, desde el día que se abre la campaña electoral hasta que termina se somete en mando al Tribunal Supremo de Elecciones.
Fuerza pública
―Ustedes no tienen Ejército. ¿La fuerza pública tiene alguna injerencia institucional?
―Costa Rica desde sus días de independencia, en 1821, ha carecido de líderes militares. Tuvimos Ejército hasta 1948, pero quienes ejercieron la jefatura de Estado o la presidencia fueron principalmente maestros, educadores, abogados, médicos y periodistas. Excepcionalmente militares, por breves períodos, en el siglo XIX y el XX con el golpe de Estado de 1917-1919. La abolición del Ejército, en 1948, fue una conquista que se inició con su debilitamiento institucional desde 1869, cuando se enfatizó en la educación, y cuando se restringió la participación política de los militares y se ejerció control político sobre el mando del Ejército en manos civiles. Al eliminarse el Ejército se desarrollaron fuerzas policiales y se pudieron destinar mayores recursos a educación, salud, obras públicas, a mejorar las condiciones y calidad de vida de los ciudadanos. Con la Constitución Política de 1949 se estableció que en períodos electorales la Fuerza Pública queda supeditada en mando al Tribunal Supremo de elecciones, y no bajo el Ministerio de Seguridad Pública. En ninguna mesa electoral ningún ciudadano, ni ningún oficial o miembro de la Fuerza Pública puede ingresar armado ni con sus armas de reglamento. Para ejercer el voto debe entrar desarmado. Esto en Costa Rica es sagrado, lo que ha hecho que el civilismo se imponga sobre el militarismo o cualquier tendencia militarista o desplante autoritarista en este sentido.
―¿Qué participación tiene el Poder Ejecutivo o la presidencia de la República en el proceso electoral?
―Ninguna. Está prohibido constitucionalmente la beligerancia política del presidente, los ministros y las autoridades públicas del Poder Ejecutivo, en todas sus instancias, así como las de la fuerza pública. No pueden emitir opiniones sobre los partidos políticos o aspectos electorales, menos pueden hacerlo en el período de la convocatoria y realización de las elecciones. Deben permanecer totalmente neutrales, callados, en ese sentido. Durante el proceso electoral, desde que se abre y hasta que se cierra tampoco se permite pautar propaganda del gobierno en ningún sentido.
―Es natural que en campaña electoral los partidos opositores ataquen y cuestionen al presidente. ¿Cómo se defiende el presidente?
―En Costa Rica al declararse el triunfador de la elección y nombrarse al presidente, se le considera presidente de todos los costarricenses, y aunque haya sido electo, por un partido político, debe comportarse como presidente de todos. Por eso no puede tomar partido o posiciones a favor de algún partido en particular, aunque para todos los efectos se diga que es el presidente electo de un partido. En las críticas a los actos de gobierno puede aclararlas, pero su aclaración no puede ser beligerante o atacando a quienes lo cuestionan, o hablando en beneficio o a favor de su partido. Así ha sido con todos los presidentes que se someten a esta práctica democrática de no ser floreros, ni centros de mesa ni los muertos de la vela en los procesos electorales. La defensa del presidente corre a cargo, en elecciones, del candidato a cargo del partido que está gobernando. Fuera de elecciones a cargo de su partido y de los diputados de su partido.
“La tendencia es a fortalecer esta práctica democrática, a enriquecerla, lo que hace que Costa Rica siga brillando en el escenario internacional como una democracia política robusta”, afirmó Vladimir de la Cruz
¿Reelección presidencial?
―¿Se ha planteado la reelección presidencial?
―Se ha discutido en la última década la posibilidad de una reelección continua, solo una, por favorecer de mejor manera la obra de un gobierno, considerando que cuatro años de gobierno no permite realizar mucho por los mismos mecanismos institucionales de gestión gubernativa. Pero no se ha avanzado en este sentido. No hay ambiente político todavía para una reelección consecutiva. Menos la hay para una reelección continua de varios gobiernos.
―¿Se pueden inhabilitar candidatos y partidos en Costa Rica?
―En 1898 se prohibió al Partido Unión Católica participar porque utilizaba los sentimientos religiosos para hacer proselitismo. Se estableció desde entonces la prohibición en este sentido. En el período 1928-1932, sin que se hubiera fundado el Partido Comunista de Costa Rica, se prohibió que con ese nombre, comunista, pudiera participar en elecciones, lo que obligó al Partido Comunista participar con el nombre de Bloque de Obreros y Campesinos. Con la Junta de Gobierno de 1948-1949 se prohibió expresamente a los comunistas participar en elecciones, lo que se aplicó hasta 1975 formalmente. Eliminadas las trabas constitucionales ese año, desde entonces gozamos de una amplia participación democrática y de ejercicio de partidos políticos. En estas elecciones, de este domingo 6 de febrero, participan 25 partidos con sus respectivos candidatos presidenciales, el mayor número de partidos en una elección. En Costa Rica ni el presidente de la República ni el presidente de la Asamblea Legislativa pueden públicamente amenazar con que van a prohibir la participación de un partido político, ni pueden pedir procesos investigativos contra ellos, ni pueden solicitar la no inscripción o la inhabilitación política de ningún partido ni de ningún dirigente político. Tampoco pueden abusar de sus poderes para meter a la cárcel, proceder con otros órganos del poder estatal, como la Procuraduría, la Contraloría o la Fiscalía para capturar, apresar, dar la casa por cárcel, inhabilitar a ningún ciudadano o dirigente político de sus derechos políticos, o negarle la participación política electoral. En Costa Rica desde 1949 no hay presos políticos de ninguna especie, ni de ninguna denominación. Tampoco tenemos en Costa Rica ciudadanos que hayan tenido que salir del país por sus ideas políticas, por persecución política, porque el Estado no asegura su libertad y su seguridad física. Tampoco tenemos en Costa Rica restricciones para el ejercicio del periodismo y la libertad de prensa.
Prensa en Costa Rica
―¿La prensa y los periodistas en el período electoral tienen alguna restricción?
―En Costa Rica desde los primeros gobiernos de la vida independiente y especialmente de los gobiernos de José María Castro Madriz, en la década de 1840 y en la de 1860, se aseguró la libertad de prensa, de información, y se prefirió una prensa crítica antes que una prensa sometida, una prensa vigilante antes que una prensa complaciente. En los últimos 50 años frente al debilitamiento de los partidos políticos, como órganos de control político, ha sido la prensa costarricense, y los periodistas, quienes han pasado a cumplir este democrático papel de control político sobre los poderes públicos, sobre los gobernantes y sus actos, sobre la corrupción institucional y sobre aquellos funcionarios que actúan corruptamente, o ante los grandes e ilegítimos negocios de funcionarios, sin que a ningún periódico lo hayan cerrado, le hayan puesto obstáculos para adquirir su papel o para su circulación. Tampoco han habido periodistas presos o privados de sus libertades por ejercer esta honrosa profesión, garantía de democracia frente a las arbitrariedades que quieran cometerse incluso en su nombre. La independencia institucional ha hecho que recientemente el Ministerio Público haya realizado allanamientos en la propia Casa Presidencial para investigar asuntos relacionados con corrupción institucional y con denuncia de una mala praxis de gobierno contra las libertades ciudadanas.
―¿Se podrá debilitar este proceso democrático electoral en Costa Rica?
―No. Al contrario, la tendencia es a fortalecer esta práctica democrática, a enriquecerla, lo que hace que Costa Rica siga brillando en el escenario internacional como una democracia política robusta, ejemplar, que desearía que sirviera de ejemplo para otros pueblos como un sistema de convivencia democrática efectivo. En democracia, es lo que sabemos los costarricenses, se aceptan los resultados político electorales. Si se ganan elecciones sin fraudes se acepta el ganador. Si se pierde el gobierno se entrega democráticamente a quien corresponde continuar en el ejercicio gubernativo. En Costa Rica ningún proceso electoral desde 1953 ha cobrado la vida, ni se le ha impedido su libertad física, ni ha provocado la expulsión forzada o no, de un solo costarricense.