La Corte Suprema de Brasil reanuda este jueves un explosivo debate que puede conducir a la liberación del ex presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva. El actual mandatario ultraderechista Jair Bolsonaro prometió, durante la campaña electoral, que se pudriría en la cárcel.
El Supremo Tribunal Federal debe determinar si una pena de prisión tiene que empezar a cumplirse cuando es confirmada por un tribunal de apelación, como sucede actualmente, o solo cuando el acusado agota todos los recursos disponibles.
Según organismos judiciales, una modificación de la jurisprudencia podría beneficiar a unos 5.000 condenados, incluidos algunas decenas detenidos en el marco de la operación anticorrupción Lava Jato, entre los que figura el ex mandatario.
El líder histórico del Partido de los Trabajadores y la izquierda local, de 74 años de edad, purga desde abril de 2018 una pena de 8 años y 10 meses por corrupción y lavado de dinero.
Terminó declarado culpable de beneficiarse de un apartamento en un balneario del litoral de São Paulo, ofrecido por una constructora a cambio de contratos en Petrobras.
El STF, de 11 magistrados, suspendió las deliberaciones el mes pasado con una ventaja de 4 a 3 para los partidarios del statu quo. Muchas cábalas prevén que se llegará a un resultado de 5 a 5, con lo cual la responsabilidad del desempate recaerá en el presidente del tribunal, Dias Toffoli.
Caso Lula
De acuerdo con algunas conjeturas, Toffoli podría proponer una vía intermedia: que las condenas se ejecuten solo a partir de la tercera instancia. En ese caso Lula permanecería preso, pues su veredicto resultó ratificado por el Superior Tribunal de Justicia, el eslabón previo al STF.
Lula se declara inocente de todos los cargos y denunció una conspiración para sacarlo de competencia en las elecciones de octubre pasado, en las que terminó elegido Bolsonaro.
Durante la campaña, Bolsonaro, un ex capitán del Ejército, proclamó ante sus partidarios: “Lula: vas a pudrirte en la cárcel”.
Polarización
La liberación de Lula no lo habilitaría automáticamente para competir en elecciones. La denominada Ley de Ficha Limpia determina que un condenado en segunda instancia no puede ser candidato hasta ocho años después de cumplida la pena.
El STF podría modificar esa ley o analizar el asunto en una sesión posterior, señalaron fuentes de esa corte.
Lo que parece seguro es que la liberación del ex sindicalista abriría un nuevo panorama político.
Según observadores, Lula logró en la cárcel mantener su influencia en el PT y conserva una importante base electoral.
Algunos editorialistas afirman que Lula libre exacerbaría la polarización de Brasil, algo que no sería inicialmente mal visto por Bolsonaro, que alimenta a diario una retórica antiizquierdista.
Lava Jato golpeada
Las sospechas sobre las motivaciones de la operación Lava Jato pueden jugar a favor de Lula.
Esas dudas empezaron con la designación del juez Sergio Moro como ministro de Justicia de Bolsonaro y se acentuaron con las filtraciones del portal The Intercept Brasil sobre conversaciones que parecen mostrar connivencias entre Moro y los fiscales de la operación.
Moro se convirtió en un emblema de esa investigación que descubrió una red de corrupción en Petrobras.
“Una parte de la población cambió de opinión respecto a la Lava Jato y al Ministerio Público. Yo mismo cambié de opinión. Antes pensaba que el MP había hecho generalmente un buen trabajo, pero ahora pienso que no. Hubo una ruptura de la imparcialidad”, afirma Ivar Hartmann, profesor de Derecho de la Fundación Getúlio Vargas.
Hartmann considera, no obstante, que una modificación de la jurisprudencia favorecería la impunidad de los crímenes de cuello blanco.
Los presos de clases más pobres están en detención preventiva sin terminar condenados en primera instancia y representan 40% de la población carcelaria de Brasil, explicó.
Por el contrario, los de la categoría más rica, 0,6% de la población carcelaria, consiguen postergar una eventual condena y solo son detenidos al final de la cuarta instancia, agregó.
El Consejo Nacional de Justicia indicó que hay 4.895 personas con penas de prisión dictadas tras resultar condenadas en segunda instancia. Sin embargo, se beneficiarían de un cambio de jurisprudencia, porque muchas seguirían presas por medida cautelar.
Asimismo, existen 38 condenados en segunda instancia en el marco de la Lava Jato, dijo la Fiscalía a cargo de esa operación.