Una jueza federal desestimó este martes una demanda que presentaron en Estados Unidos contra la empresa de cruceros Norwegian.
El proceso se efectúa como parte de los procedimientos legales que entablaron ciudadanos cubano-estadounidenses por el uso de propiedades que les expropiaron a sus familias.
Tales expropiaciones se hicieron después de la revolución de 1959 en Cuba.
Se trata de la segunda demanda de este tipo que desecha una corte estadounidense después de que la jueza Beth Bloom concedió a la suiza MSC Cruceros una moción en la que solicitaba desestimar el caso.
La concesión se llevó a cabo el viernes pasado
Familiares de los antiguos dueños de Havana Docks Corporation, en el puerto de La Habana,presentaron ambas demandas.
Havana Docks Corporation es una de las empresas expropiadas por el régimen de Fidel Castro.
Las demandas fueron presentadas en agosto de 2019 después de que el gobierno de Estados Unidos activó el Título III de la Ley Helms-Burton de 1996.
Esta normativa ha permitido que ciudadanos estadounidenses presenten demandas en busca de compensación monetaria por el usufructo de propiedades confiscadas a sus familias.
En ambos casos, la jueza Bloom falló a favor de sendas mociones presentadas por la defensa de las compañías de cruceros. Bloom considera que la aplicación del Título III viola el debido proceso, según documentos judiciales a los que tuvo acceso EFE.
Bloom determinó en ambos casos -que aún los demandantes pueden apelar- que hubo «fallos» en la presentación de la reclamación.
Por los menos 72 cubano-estadounidenses han presentado una veintena de demandas en cortes de Estados Unidos en busca de indemnizaciones por sus bienes expropiados después del triunfo de la revolución en la isla.
Entre las propiedades objeto de las demandas hay puertos, aeropuertos y hoteles de cadenas europeas, principalmente españolas.
Trump activó la norma que ha permitido estos procesos legales y que sus antecesores, Obama, George W. Bush y Bill Clinton, nunca quisieron hacer deido a las implicaciones legales y comerciales con terceros países.
Las dos demandas hacen parte de los procesos que el gobierno de Estados Unidos certificó.
El gobierno de Cuba tiene pendiente resolver 5.913 reclamaciones certificadas en Estados Unidos, de propiedades confiscadas en la isla.
El monto total es por la suma de 1.900 millones de dólares, según el Consejo Comercial y Económico Estados Unidos-Cuba.
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