El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, convocó al cuerpo legislativo a una sesión extraordinaria mañana, jueves, para dar inicio formal al proceso de juicio político del gobernador Ricardo Rosselló Nevares.
El Nuevo Día tuvo acceso al mensaje enviado por Méndez a los representantes novoprogresistas en el que les informa que los convoca “a los fines de considerar la creación de la Comisión Especial para Iniciar el Proceso de Residencia del Gobernador de Puerto Rico, honorable Ricardo Rosselló Nevares».
Dicha sesión extraordinaria se convoca para mañana jueves 25 de julio alas 2:00 pm, indica la comunicación.
Con esta acción de Méndez, comienza el juicio político de Rosselló Nevares, quien hasta el momento no ha renunciado a su cargo.
«El gobernador se atrincheró. No contesta a nadie. El acuerdo era que renunciaría a las 5:00 pm y no lo hizo», dijo una fuente.
El presidente de la Cámara está actuando a tono con lo establecido en la Sección 21 del Artículo III de la Constitución. La sección establece que el proceso de juicio político lo inicia la Cámara de Representantes, que puede autoconvocarse para atender este asunto y que debe formular una acusación “con la concurrencia de dos terceras partes del número total de sus miembros”. Le corresponde al Senado, establece la Carta Magna, juzgar y dictar sentencia con el aval de tres cuartas partes del número total de los miembros.
“El Senado tendrá el poder exclusivo de juzgar y dictar sentencia”, dice la Carta Magna.
“La persona residenciada quedará expuesta y sujeta a acusación, juicio, sentencia y castigo conforme a la ley. Serán causas de residencia la traición, el soborno, otros delitos graves, y aquellos delitos menos grave que impliquen depravación”, indica la Constitución.
El informe que presentaron los abogados Francisco Reyes Caparrós, Luis Enrique Rodríguez y José Enrique Colón Santana le imputa a Rosselló Nevares haber cometido los delitos graves de aprovechamiento ilícito de trabajos o servicios públicos, malversación de fondos públicos y negligencia en el cumplimiento del deber.
También el informe le achaca al gobernador haber podido violentar la Ley de Ética Gubernamental en los artículos 4.2(b)delito grave y 4.2(k) menos grave “que implica depravación denotando sin lugar a dudas un grave menosprecio a las leyes y a nuestro ordenamiento social”.
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