La llegada –no tan sorpresiva– del exsenador Juan Fernando Cristo al gabinete del presidente Gustavo Petro y su misión expresa de tratar de ambientar una asamblea nacional constituyente que, aseguró, se tramitaría por vías legales y no se materializaría en esta administración, marcan el banderazo de la ruta política que seguirá el Gobierno en sus dos años de cierre.
Las lecturas de los dos hechos políticos son ambivalentes. Por un lado, es claro que el Presidente mantiene la línea dura de su discurso y buscará promover un revolcón de la Constitución de 1991 vía constituyente, algo que antes de su elección expresamente se había comprometido a no hacer y que dispara en muchos sectores los temores de una ‘jugadita’ para, en realidad, revivir la reelección.
Juan Fernando Cristo durante su primero declaración tras su nombramiento como ministro del Interior.
FOTO: Presidencia
Por el otro, la designación de Juan Fernando Cristo en el Ministerio del Interior aleja al presidente Petro de la línea que ha venido marcando desde hace 15 meses, cuando declaró oficialmente muerta la coalición oficialista en el Congreso: no trajo a la que puede ser la cartera más importante de su gabinete a un ministro a quien “no le da miedo” seguir sin miramientos sus órdenes, sino a uno al que no le da miedo decirle no a iniciativas inconvenientes o desinstitucionalizadoras. Y eso es lo que, de acuerdo con las primeras declaraciones de Cristo habría pasado con la idea del jefe de Estado de buscar vías extralegales y extraconstitucionales para promover su constituyente.
El mismo miércoles de su designación, Cristo –que hace apenas un par de meses se había declarado en contra de la idea y la había calificado de inconveniente para el país– anunció que uno de sus principales objetivos sería “la búsqueda de un acuerdo nacional de verdad que permita explorar hacia el futuro la posibilidad de convocar una asamblea nacional constituyente bajo los parámetros de la Constitución de 1991. Fruto de un acuerdo nacional y no de la imposición de alguien contra alguien”.
Así, al menos por ahora, parece enterrada la idea del presidente Petro de que bastaba convocar lo que el llama el ‘poder popular’ para ir hacia una constituyente sin pasar ni por el Congreso ni por el control de las cortes. Y también la peregrina tesis promovida por el excanciller Álvaro Leyva y el exfical Eduardo Montealegre de que, en contra de lo que dicen los propios firmantes, el acuerdo de La Habana habilitaría al jefe de Estado para convocar a una constituyente por decreto.
“Es un cambio en las ideas originales del Presidente frente a temas que preocupaban, sobre todo porque se deja constancia de que sería por el camino constitucional: un proyecto en el Congreso, que si se aprueba iría a control de la Corte Constitucional”, destaca el analista Héctor Riveros.
Cristo aseguró además que las gestiones que empezará en los próximos días no apuntarán a un proceso constituyente que se materializaría en este gobierno, sino a partir de 2026. Se trataría de una garantía para los que piensan que el presidente Petro, a pesar de sus declaraciones públicas negándolo, está pensando en vías para quedarse en el poder. Son los mismos sectores que alegan que, precisamente, el presidente Petro también había negado públicamente, y hasta lo había escrito en piedra en un acto con Antanas Mockus en 2018, que no iba a promover una asamblea nacional constituyente si llegaba a la Presidencia.
Cercanos al nuevo ministro del Interior aseguraron que el tema del respeto pleno a la vía institucional fue crucial en la “dura negociación” para que Cristo aceptara ser el reemplazo de Luis Fernando Velasco. Antes, el presidente Petro lo había buscado para que fuera consejero para la implementación del acuerdo de paz, pero lo rechazó.
Esta vez dio el sí, pero, dicen las fuentes, puso tres condiciones esenciales: la búsqueda de un acuerdo y diálogo nacional más que una constituyente, cerrar la puerta a cualquier posibilidad de reelección y dejar claro que sería por la vía institucional. El acuerdo, aseguran, fue desechar del todo “la idea de la constituyente a las patadas”. Otro punto eje del acuerdo fue centrar la implementación del acuerdo de paz.
Magistrado José Fernando Reyes Cuartas, presidente de la Corte Constitucional.
FOTO: Cortesía
¿Para qué una asamblea nacional constituyente?
Más allá del avance que representa que el Presidente haya reconocido que una cirugía de fondo a la carta política solo es posible a través de las vías que ella misma estableció en 1991, siguen vivas las dudas de fondo de antes y varias nuevas frente a la iniciativa. La principal es si se necesita realmente una constituyente para abocar los temas de la agenda que ya esbozó el presidente Petro y que muchos, de hecho, consideran que ya están en la Constitución.
Un día después del nombramiento, el Presidente habló de “garantía inmediata al derecho universal a la educación, la salud y las pensiones; nuevo ordenamiento territorial; desarrollo económico y social de los territorios excluidos; reforma agraria; la adaptación a la crisis climática; reforma de la justicia; reforma política; pacto por una economía productiva; y verdad judicial y el perdón social para una paz definitiva”.
Al respecto, el experto constitucionalista e investigador de Dejusticia Rodrigo Uprimny señaló: “Una teoría constitucional singular; necesitamos una asamblea constituyente para lograr que se cumpla y se haga realidad la Constitución vigente. Y uno que creía que las asambleas constituyentes eran para cambiar la constitución vigente”. Gustavo Zafra, constituyente de 1991 y docente de la Javeriana, calificó la propuesta lanzada el miércoles como un “globo más”. Apuntó que para la mayoría de los nueve puntos de Gustavo Petro no se necesita una asamblea debido a que son propios de la vía legal. Zafra y otros expertos consideran que salvo el tema de la autonomía territorial, no hay en ese temario puntos que sean del ADN de una constituyente.
Gustavo Petro, presidente de Colombia
FOTO: Presidencia
Juan Camilo Restrepo, exministro de Hacienda y Agricultura y exnegociador con el Eln, consideró un avance la intención de avanzar hacia una eventual constituyente “por los cauces previstos” en el ordenamiento, pero al mismo tiempo aseguró que la gran mayoría de temas propuestos se podrían abordar con “propuestas de reforma legal y no constitucional”. Por su lado, el expresidente de la Corte Constitucional José Gregorio Hernández advirtió del riesgo de abrirle la puerta a una asamblea que pueda terminar menoscabando “los postulados democráticos plasmados, como fruto del consenso, en la Constitución de 1991”.
Pero la crítica más radical a la propuesta de la constituyente llegó desde el órgano encargado de salvaguardar la carta política: la Corte Constitucional. En una inusual declaración –si el Congreso llegara a aprobar la ley para convocar a una constituyente, esta iría a control de la Corte y tendría que declararse impedido–, el presidente del alto tribunal, José Fernando Reyes, hizo un vehemente llamado a proteger de las que llamó “diversas formas de autoritarismo” la ley de leyes, que precisamente esta semana cumplió 33 años desde su expedición, en 1991.
“Me pregunto cómo seguir hablando de nuevos proyectos constitucionales si es que no hemos sido capaces de desarrollar y hacer cumplir el pacto que nos forjamos en 1991”, dijo Reyes. Y agregó una frase que a muchos les pareció una alusión directa al Presidente: “Hoy, cuando nacen en muchas partes diversas formas de autoritarismo, la Constitución es el primer objeto de conquista, porque ya las revoluciones no son tanto las armadas como aquellas que se toman la Carta”. Esa intervención provocó una inmediata respuesta del jefe de Estado y dejó planteado un nuevo escenario de choque entre el Gobierno y ese alto tribunal, cuyo vicepresidente ha denunciado además chuzadas y seguimientos ilegales que ya están siendo investigadas por la Fiscalía.
Así recibieron los partidos la propuesta de constituyente
En el plano de la viabilidad política, las nubes no son menores. De entrada, muchos se preguntan: ¿qué garantiza que, como ya pasó con la reforma de la salud, el Presidente no volverá a su posición de radicalismo si no logra que otras fuerzas políticas acepten su propuesta sin mayores cambios? Petro ha sacrificado a personas muy cercanas a él, como el exjefe del DNP Jorge Iván González, cuando sus posiciones más técnicas y centradas le resultaron incómodas. ¿Qué garantiza que más temprano que tarde no pase lo mismo con un político al que sin duda respeta pero que no es de su entraña ni de la del Pacto?
Juan Manuel Santos, expresidente de Colombia.
FOTO: EFE
Por ahora, la única voz de peso a la que parece sonarle la idea es al exvicepresidente Germán Vargas Lleras, mas no así a la principal figura de su partido, Cambio Radical, en el Congreso: el senador David Luna, quien dice que la intención real sería “autorizar la reelección del presidente Petro”. Y el expresidente Juan Manuel Santos, quien fue jefe de Juan Fernando Cristo, salió a rechazar expresamente la propuesta de la constituyente, que volvió a calificar como “un gran error”.
“Respeto la posición del doctor Vargas cuando señala estar de acuerdo con convocar una constituyente, pero no la comparto”, dijo el senador David Luna, para quien la actual propuesta solo tiene la intención de “autorizar la reelección del presidente Petro”. En el Centro Democrático se ha tenido una respuesta conjunta en contra de un nuevo intento de impulsar una constituyente. Los expresidentes Álvaro Uribe e Iván Duque y las bancadas de Senado y Cámara coincidieron en posiciones y hasta asociaron la propuesta con lo que ocurrió en Venezuela con el chavismo. “Una asamblea constituyente tiene como objetivo perpetuar en el poder al actual gobierno y al Pacto Histórico”, dijo Duque.
Los conservadores, como dejó saber su vocero encargado, el senador Nicolás Echeverry, destacaron la llegada de Cristo, pero expresaron sus reparos a propuesta como la constituyente.
La reacción de los gremios económicos
A todo esto se suma el ruido que un eventual cambio en la Constitución tiene sobre la economía, mucho más en un escenario de incertidumbre como el actual. La inversión, que se ha visto golpeada en estos dos últimos años por mensajes erráticos enviados desde el Gobierno, podría entrar en una etapa de hibernación extensa a la espera de certezas sobre las reglas de juego, señalan varios analistas.
Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia.
FOTO: Claudia Rubio
Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), le dijo a El Tiempo que en vez de promover estas iniciativas el Ejecutivo debía enfocarse en la reactivación y consideró que la actual carta magna da herramientas suficientes para avanzar en todos los temas planteados por el presidente Petro. “El Presidente lleva casi dos años hablando de acuerdos nacionales y de eso muy poco se ha visto”, recordó.
Sectores como la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex) apuntaron que la propuesta debe girar en desarrollar la Constitución de 1991 con las herramientas que ya hay: “Entrar en un proceso constituyente genera incertidumbre y no aporta a la solución de los problemas que tiene el país”.
El hecho es que la constituyente marcará la agenda política, en desmedro de proyectos claves que siguen en el Congreso.
Y el tema será, sin duda, en los próximos dos años el caballito de batalla del petrismo para llegar con algún chance de seguir en el poder, en el 2026.
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