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Consternación en Ecuador por el primer secuestro y asesinato de periodistas

Lenin Moreno anunció este viernes una recompensa de 100.000 dólares a quien aporte pistas que ayuden a dar con el paradero del "Guacho"

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Ecuador conoció este viernes que los tres miembros del equipo periodístico secuestrados el 26 de marzo fueron asesinados por sus captores, un hecho inédito en el país y que lo sitúa en la macabra línea de fuego del narcoterrorismo.

«Con profundo pesar, lamento informar que se han cumplido las doce horas de plazo establecido, no hemos recibido pruebas de vida y lamentablemente tenemos información que confirma el asesinato nuestros compatriotas», reveló el presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, en una comparecencia ante la prensa en la sede del Sistema Integrado de Seguridad ECU911, en Quito.

Sus palabras ponían fin a 18 días de incertidumbre acerca de la suerte del periodista Javier Ortega, de 36 años; del fotógrafo Paúl Rivas, de 45 años de edad; y del conductor Efraín Segarra, de 60 años de edad;, del diario El Comercio, de Quito, que habían acudido a la provincia de Esmeraldas, fronteriza con Colombia, para realizar un reportaje sobre la inseguridad en la zona desde enero.

Según las autoridades de ambos países, detrás del secuestro y asesinato de los ecuatorianos está Walter Patricio Arizala Vernaza, alias «Guacho», oriundo de Ecuador y que pasó de ser un pequeño comerciante a convertirse en el sanguinario líder de la disidencia de las FARC, al considerar que el gobierno de Juan Manuel Santos ha incumplido sus promesas del acuerdo de paz de 2016.

Moreno había dado anoche un ultimátum a los captores para que presentaran una prueba de vida sobre los rehenes, después de que salieran a la luz unas fotografías en las que aparecían muertos pero que no habían podido ser confirmadas por ninguna fuente oficial.

En caso contrario, tal y como ha sido, advirtió que las fuerzas policiales y militares emprenderían acciones contundentes, que no especificó, y tras expirar el plazo este viernes ordenó a los cuerpos de seguridad reanudar sus actividades en las áreas donde operan los grupos armados residuales, principalmente en la divisoria.

Tras días de desasosiego y vigilias, la noticia del asesinato de los comunicadores cayó como un jarro de agua fría en la sociedad que seguía minuto a minuto el caso, y especialmente entre los numerosos medios que esperaban las palabras del presidente.

«Más allá de los esfuerzos que hemos realizado, se ha confirmado que estos criminales parecería que nunca tuvieron la voluntad de entregarlos sanos y salvos y es muy probable, que lo único que hayan querido es ganar tiempo», dijo.

El coronel Polivio Vinueza, jefe de la Unidad Antisecuestro y Extorsión (Unase), reveló que desde que se conocieron los hechos el mismo 26 de marzo a través de una foto remitida por el «Guacho», hasta el pasado 7 de abril, el gobierno ecuatoriano mantuvo cinco comunicaciones con los captores.

También que las autoridades valoraron junto con la Fiscalía y la Judicatura vías para poder atender al requerimiento de liberar a presos del grupo armado a cambio de los secuestrados, exigencia pedida por el reportero en un vídeo difundido por sus verdugos.

Moreno anunció una recompensa de 100.000 dólares a quien aporte pistas que ayuden a dar con el paradero del «Guacho», y anunció una serie de medidas, entre ellas la de declarar el área fronteriza zona de seguridad, incrementaran los controles militares y policiales, y realizar acciones coordinadas con Colombia en la zona de demarcación.

El dirigente ecuatoriano precisó que se ha contactado a organismos internacionales como la Iglesia católica y la Cruz Roja Internacional a fin de «localizar y repatriar los cuerpos».

«Estamos de luto, pero no vamos a dejarnos amedrentar, hoy más que nunca pido al país la unidad por la paz», sentenció.

Las muestras de condena y solidaridad han llegado desde todos los sectores de la sociedad y rincones del planeta, entre ellos el director de Human Rights Watch (HRW) para América Latina, José Miguel Vivanco, expresó su repudio al asesinato, tachado de cobarde por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

«No habíamos tenido jamás en Ecuador un hecho así», manifestó a Efe César Ricaurte, director de la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (Fundamedios).

Desde la década de los 80 el país andino no registraba secuestros de periodistas, que solían ser retenidos por el grupo terrorista de izquierdas «Alfaro Vive Carajo» durante un tiempo reducido, que aprovechaban para hacer sus reclamaciones y luego liberarlos.

Juan Carlos Játiva, periodista de EcuadorTV, reconoce que la noticia ha supuesto un golpe para la profesión, pero confía en que sirva para sacar lecciones: «El amor por el periodismo nos lleva más allá del límite. Estaremos donde las papas queman, informando con la verdad». 

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