El presidente del Congreso de Perú, José Williams, afirmó este jueves que los países suramericanos deben «trabajar en conjunto» para afrontar la crisis migratoria en la región y agregó que el Legislativo «va a estar atento a las iniciativas» que presente el gobierno de su país para controlar el ingreso ilegal de personas.
«Es un asunto suramericano, donde debemos trabajar en conjunto», comentó Williams, excomandante de las Fuerzas Armadas, antes de remarcar que debe quedar «bien claro» que no se puede permitir la permanencia en su país de «aquellos extranjeros que están contra la ley».
El presidente del Congreso, del partido conservador Avanza País, señaló que se trata de «un asunto complejo», porque en Perú hay «más de un millón y medio de extranjeros venidos de Venezuela» y se tiene que «saber cómo atenderlos».
Añadió, sin embargo, que las autoridades peruanas también deben encontrar la forma de «devolver a aquellos que están indocumentados, sobre todo a los delincuentes».
«Pienso que las fronteras son porosas, se necesita más presencia del Estado», sostuvo antes de remarcar que se trata de «un problema de Estado que no es de corto plazo» y reiterar la disposición del Congreso a debatir los proyectos que presente el Ejecutivo sobre el tema migratorio.
El gobierno de Perú oficializó este jueves la declaración del estado de emergencia en distritos y provincias de los departamentos fronterizos con Ecuador, Colombia, Brasil y Chile, para incrementar el «control de los ciudadanos extranjeros» en el país, tal como anuncio la presidenta Dina Boluarte.
- Criminalización frente a los datos, claves de la migración venezolana en Perú
- Presidenta de Perú culpa a migrantes venezolanos de la criminalidad en el país
La medida, que estará vigente durante 60 días, confirma que la Policía Nacional del Perú (PNP) mantendrá el control del orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas y que se restringe el ejercicio de derechos constitucionales relativos a las libertades de tránsito, de reunión y seguridad personal.
Boluarte anunció este miércoles que el Ejecutivo también planteará al Congreso una «reforma constitucional para autorizar la intervención de las Fuerzas Armadas en las zonas de frontera» y que se aprobó un decreto que modifica el reglamento de migraciones «para que los extranjeros que ingresaron sin control migratorio puedan registrarse vía regularización».
Aclaró que esta medida se aplicará únicamente a los extranjeros que ingresaron de manera regular y que por diferentes motivos han devenido en irregular, y alertó que la amnistía «solo tiene un período de seis meses» y que el gobierno «no será tolerante con mayor ampliación de este plazo».
Durante su declaración, la gobernante responsabilizó a los migrantes de la criminalidad que afecta a su país, pues dijo que son ellos los que «lamentablemente están cometiendo» actos de delincuencia.
«Por eso tenemos que hablar casi al unísono de migraciones con inseguridad ciudadana», subrayó, en una declaración que no había generado mayor reacción a nivel interno.