Un juez de Colombia condenó este miércoles a 25 años y 6 meses de prisión a los hermanos colombianos Andrés Felipe y Ramón Emilio Pérez Hoyos, que aceptaron su participación en la organización, financiación y logística del asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, ocurrido en mayo de 2022 en una playa del caribe colombiano.
Así lo informó el apoderado de la familia Pecci, el abogado Francisco Bernate, quien dijo en redes sociales que la condena fue emitida por el Juzgado Cuarto de Cartagena de Indias y que «la decisión no fue apelada» por los hermanos Pérez Hoyos.
Pecci, uno de los fiscales antimafia más importantes de Paraguay, fue asesinado el 10 de mayo de 2022 por sicarios en una moto acuática cuando se encontraba en una playa de un hotel en la isla de Barú, celebrando su luna de miel con su esposa, la periodista Claudia Aguilera.
En enero pasado los hermanos Pérez Hoyos aceptaron su participación en la organización, financiación y logística del asesinato del fiscal Pecci, por lo que un juez les impuso prisión preventiva ante el riesgo de fuga del país.
Organización delincuencial de alcance transnacional
La Fiscalía les imputó los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego accesorios, partes o municiones agravado, cargos que fueron aceptados en esa ocasión por los hoy condenados.
Según la Fiscalía, los dos hombres supuestamente hacen parte de una organización delincuencial de alcance transnacional que tendría sus bases en Paraguay.
La investigación determinó que los hermanos Pérez Hoyos supuestamente tuvieron varias reuniones, a las que acudieron con una camioneta gris, que fue incautada, con otros involucrados en el homicidio para proveerlos de insumos y ultimar detalles.
Los hermanos fueron capturados en Bogotá y Rionegro, en el departamento de Antioquia, acusados de ser quienes contrataron a los autores materiales del asesinato.
Durante los allanamientos para la captura de estas dos personas se incautaron documentos, prendas de vestir, diez celulares, cuatro memorias USB, un revólver (traumático), un disco duro, una tableta, una grabadora de sonido, una computadora portátil y una camioneta.
De acuerdo con la Fiscalía, con estas dos capturas, son siete personas las que han sido judicializadas por la acción criminal. Cuatro de ellas aceptaron sus responsabilidades y fueron condenadas.