El juez de la causa contra Jesús Gabriel Rodríguez Jr., exdirectivo de una compañía de camiones blindados de Miami, Florida, usada en una trama millonaria para introducir oro de América del Sur en Estados Unidos de forma ilegal, lo condenó este martes a dos años de libertad condicional.
En enero pasado, el exdirector ejecutivo de la empresa de transporte de oro, dinero en efectivo y otros objetos de valor Transvalue Inc se había declarado culpable ante el juez Darrin P. Gayles de cometer fraude aduanero como parte de una conspiración de lavado de dinero por 140 millones de dólares.
Sin ese acuerdo de culpabilidad, por el que las acusaciones iniciales se redujeron a fraude aduanero, su condena hubiera sido de varios meses de cárcel.
Rodríguez Jr. admitió ante el juez del Distrito Sur de Florida que presentó documentos de aduana falsos para ocultar el oro que los camiones de Transvalue Inc trasladaban desde el aeropuerto de Miami a una refinería provenía de la isla caribeña de Curazao.
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Curazao, un país sin minas de oro, se usa comúnmente como punto de referencia para el oro extraído ilegalmente y sacado de contrabando de otros países.
La acusación contra Rodríguez indicaba que entre marzo de 2015 y septiembre de 2016 la red importó «miles de kilos de oro» extraídos ilegalmente presuntamente de Colombia, Venezuela o Perú para luego ser ingresado con documentos falsos a través del aeropuerto de Miami.
Los compradores del oro implicados en el caso operaban en América Latina y el sur de Florida y cobraban comisiones al adquirir el metal para NTR Metals, una empresa con sede en Doral (Miami-Dade), donde tiene una pequeña refinería, y cuyos tres corredores («brokers») principales se hallan en prisión tras haberse declarado culpables de «lavar» 3.600 millones de dólares.
Elemetals, la empresa matriz de NTR Metals, con sede en Dallas (Texas), pagó una multa de 15 millones de dólares al Gobierno de Estados Unidos por su responsabilidad en esta trama.
Rodríguez acordó renunciar a 267.817 dólares, una cantidad que representa el aumento estimado en el valor del negocio como resultado de su conducta y casi todas sus ganancias personales con esas transacciones, según la Fiscalía.