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El antes y ahora de Luis Lugo Machado | Emol

Las autoridades de Chile detuvieron a dos migrantes venezolanos por el asesinato de Daniel Palma Yáñez, un oficial de Carabineros.

Cinco días alcanzó a estar prófugo Luis Alberto Lugo Machado, quien desde el jueves era intensamente buscado como “sujeto de interés” por su participación en el crimen.

Ya el fin de semana el venezolano pasó a tener orden de detención. Se tenía su identidad, fotografías, estaba cercado.

Y el lunes, a las 04:50 pm, efectivos del Grupo de Operaciones Policiales Especiales de Carabineros llegaron hasta calle Nueva Imperial en Quinta Normal.

Fiscalizaron un domicilio y dieron con su paradero. Se acabó su escondite.

Un hecho que llamó la atención es que Lugo luce pelo rojo, distinto a cómo se presentó ante los medios y la gente para ayudar en su búsqueda.

“Lo hizo para ocultarse, para que no lo reconocieran”, señalan desde Carabineros.

Pero Lugo no cayó solo. También fue capturado Ovimarlixion Garcés Briceño, quien hasta el lunes no aparecía entre los buscados por el crimen.

Tenía orden de expulsión

Este venezolano ya tiene antecedentes penales. De hecho, el 16 de octubre del 2020 la intendencia de Iquique decretó la orden de expulsión del sujeto.

“Ingresó clandestinamente al territorio jurisdiccional de la Provincia del Tamarugal, eludiendo los controles policiales de frontera”, se lee en el texto.

“La Policía de Investigaciones de Chile, Iquique, procederá a expulsar del territorio nacional al extranjero Arlixon Josué Garcés Briceño, de nacionalidad venezolana”, añade.

Ahí asomó un dato clave. En 2020 se llamaba Arlixon, y ahora lo detuvieron como Ovimarlixion, es decir, se cambió el nombre.

¿Por qué no se ejecutó? Desde la administración anterior, encabezada por el expresidente de Sebastián Piñera, señalan a Emol que “una vez que se decreta la expulsión, la Policía de Investigaciones de Chile materializa. Pero con pandemia, y con el Servicio Jesuita poniendo recursos de amparo para evitar las expulsiones, es difícil. Se lograron 1.350 expulsiones administrativas, que es bastante más que las 24 que hicieron de abril a diciembre 2022”.


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